El
presidente nacional del sindicato CSI·F, Miguel Borra, se reunirá
este viernes con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana,
Juan Carlos Moragues. En esta entrevista, el máximo responsable de
la central sindical transmitirá su preocupación por las políticas
lingüísticas de la Generalitat y pedirá al delegado que garantice
la protección de los empleados públicos de las diferentes
administraciones frente a imposiciones.
El
presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios
(CSI·F) acudirá a la sede autonómica de Delegación del Gobierno
para dialogar sobre diferentes aspectos relacionados con la situación
de los empleados públicos valencianos. Además de transmitirle la
necesidad de una mayor oferta de plazas en las diferentes
administraciones para cubrir vacantes y acabar con la alta tasa de
interinidad, le expondrá su preocupación por la política
lingüística.
Miguel
Borra insistirá al máximo representante del Estado en la Comunidad
Valenciana que vele por el escrupuloso cumplimiento de la legalidad
en medidas como el decreto de usos institucionales y administrativos
del valenciano, anunciado por el Consell sin negociación previa con
los sindicatos. Esa normativa altera las condiciones laborales de los
empleados públicos, pues les obliga a redactar sus comunicaciones en
valenciano y a dirigirse al usuario primero siempre en la lengua
autóctona, a pesar de que también el castellano es oficial. En
cambio, exime de esa obligatoriedad a los cargos públicos.
El
presidente nacional de CSI·F trasladará también sus dudas sobre el
decreto 9/2017, de 27 de enero, que establece el modelo lingüístico
educativo. El sindicato lo ha recurrido y el TSJ ya ha reconocido, en
un primer auto, su legitimación para interponer recurso. La central
sindical argumenta vulneración del derecho a la igualdad y trato
discriminatorio para aquellos centros que opten por el nivel básico,
cuyos alumnos no obtendrán certificación en inglés.
Borra
expondrá igualmente el recurso interpuesto por CSI·F, y admitido
por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, contra la
Generalitat por ser obligado a abandonar una reunión a la que había
sido citado. En esta convocatoria, Conselleria acordó la imposición
del requisito lingüístico en Administración del Consell, tal como
había pactado con tres sindicatos, en lugar de aplicarlo como
mérito, medida que reclama la central sindical.
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