El
Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús
Fonseca-Herrero, ha acordado hoy la incoación de un
expediente disciplinario a la magistrada Victoria
Rosell por la posible comisión de una falta muy
grave de desatención en la tramitación de
procedimientos judiciales –prevista en el artículo
417.9 de la Ley Orgánica del Poder Judicial- como
titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las
Palmas de Gran Canaria.
El
expediente tiene su origen en una comunicación de la
Fiscalía del Tribunal Supremo, que el pasado 8 de
abril remitió al Consejo General del Poder Judicial
un escrito presentado ante la Fiscalía Provincial de
Las Palmas de Gran Canaria por un abogado en el que
denunciaba a la magistrada, en ese momento diputada
al Congreso, por los delitos de falsedad en
documento oficial, infidelidad en la custodia de
documentos, prevaricación, retardo malicioso en la
tramitación de una causa judicial y contra el
ejercicio de derechos cívicos reconocidos en la
Constitución.
La
Fiscalía del alto tribunal, tras analizar la
denuncia, no apreció elementos de entidad jurídico
penal suficientes para incoar diligencias de
investigación penal y acordó su archivo, pero la
remitió al Consejo por si de la misma pudiera
derivarse alguna responsabilidad disciplinaria.
Tras
estudiar el contenido de la denuncia, recabar
informe del letrado de la Administración de Justicia
del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas,
solicitar alegaciones a la magistrada denunciada y
practicar otras diligencias, el Promotor de la
Acción Disciplinaria concluye que la juez Rosell
pudo incurrir en una falta muy grave de desatención
al intervenir en un procedimiento judicial en el que
había sido recusada el 26 de septiembre de 2013.
En
un auto fechado el 6 de noviembre de 2013, la juez
Rosell acordó la inadmisión de la recusación y
dispuso que, hasta que la Audiencia Provincial de
Las Palmas no resolviera el incidente, fuera otro
magistrado quien continuara la tramitación de las
diligencias penales.
La
recusación fue finalmente resuelta el 11 de mayo de
2015 por la Audiencia de Las Palmas, que la rechazó
y que tres días después devolvió las actuaciones al
Juzgado de Instrucción número 8 de la capital
grancanaria.
El
Promotor de la Acción Disciplinaria señala en su
acuerdo que entre los días 6 de noviembre de 2013
–fecha en la que la juez inadmitió la recusación- y
14 de mayo de 2015 –fecha en la que la Audiencia
devolvió las actuaciones al Juzgado- “la magistrada
Victoria Rosell intervino en la tramitación de la
causa en que había sido recusada estando pendiente
de resolución el incidente que ella misma acordó
remitir a la Audiencia Provincial de Las Palmas”.
Esa
intervención se produjo “concretamente en las
comparecencias para declaración del investigado
Eduardo López Mendoza, que se celebraron los días 11
y 28 de noviembre de 2014”, añade el Promotor.
La
resolución ha sido ya notificada a la magistrada
expedientada, al presidente del Tribunal Superior de
Justicia de Canarias y a la Fiscalía General del
Estado.
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