El portavoz socialista Juan Antonio
Sagredo ha informado hoy que, un año y medio después de que Lorenzo Agustí
iniciara la privatización del alumbrado público de Paterna, el proceso sigue dando
que hablar por los numerosos recursos interpuestos por las empresas aspirantes
al contrato municipal.
Sagredo ha destacado la polémica que envuelve
a todo este procedimiento de adjudicación de suministro eléctrico ya que, desde
un principio, ha estado lleno de irregularidades e incumplimientos, tanto en
los pliegos de condiciones como en la adjudicación inicial, que no han hecho
más que dilatar el proceso.
El dirigente socialista también ha
indicado que las compañías aspirantes al contrato han interpuesto varios
recursos y han realizado alegaciones que evidencian la existencia de errores y
de una dura confrontación empresarial dada la importancia económica del
contrato y las dudas que existen acerca de la ‘legalidad’ del concurso público
debido a todo lo acontecido en él.
Juan Antonio Sagredo ha lamentado la “desconfianza que ha conseguido sembrar el
alcalde en éste, y en cualquier proceso de contratación municipal, debido a sus
actuaciones, a su forma de gestionar el consistorio y a todas las causas
judiciales que tiene abiertas precisamente por ello”.
“No
olvidemos que tener un alcalde imputado dos veces por prevaricación no sólo
daña la imagen del pueblo y del consistorio sino que también pasa factura a la ‘legalidad’
de todos los procedimientos que pasen, hayan pasado o tenga que pasar por manos
de Agustí”,
ha asegurado el líder de los socialistas paterneros.
En este sentido, el portavoz socialista ha
señalado que fue el propio el Tribunal Administrativo Central de Recursos
Contractuales (TACRC) el que suspendió el año pasado la adjudicación por 20
millones de euros que realizó Lorenzo Agustí del alumbrado público a una UTE
que, además de ser un millón de euros más cara, tardaba el doble en implantarse.
Juan Antonio Sagredo también ha recordado
que Lorenzo Agustí, además de negarse a crear una comisión de investigación que
garantizara la legalidad de la privatización del alumbrado, se opuso a que se
pudiera investigar cualquier contrato público de cualquier mandato que
suscitara dudas, tal y como le propusieron los socialistas.
“Ante
semejante rechazo a la transparencia y curriculum judicial, no es de extrañar
que el nombre de Lorenzo Agustí genere rechazo e incerteza y sea concebido como
sinónimo de prevaricación”, ha aseverado el portavoz socialista.
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