Jorge Ribes El Grupo Municipal
Socialista ha presentado por registro una queja al Síndic de Greuges para que
inste a la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, a entregar toda la
documentación reclamada sobre las multas por aparcar mal en la zona azul
durante el último año por parte del concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, y
las sanciones que presuntamente siguen sin ser saldadas por parte del edil del
Partido Popular.
El escrito, firmado por
la portavoz socialista, expone al Síndic de Greuges que, por parte del equipo
de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, "se nos está privando de la
documentación solicitada para poder fiscalizar y controlar la actividad de los
órganos de gobierno y, sobre todo, para vigilar que los concejales y concejalas
no utilicen su cargo con fines particulares y que no cometan posibles
irregularidades", señala Puerta.
La queja recoge toda la
información que se ha generado desde que el pasado 31 de enero, en el apartado
de ruegos y preguntas del pleno municipal, el concejal socialista Jorge Ribes
dio a conocer que el concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, llevaba meses
aparcando en zona azul sin pagar presuntamente la tasa por estacionamiento".
En concreto, la
documentación a la que habían tenido acceso el Partido Socialista apuntaba a un
total de 167 posibles sanciones desde enero de 2023 a enero de 2024, de las que
presuntamente solo habría abonado en tiempo y forma 33. Por todo ello, el edil
socialista solicitó directamente en el pleno al concejal del PP que explicase
cuánto dinero adeudaba presuntamente al ayuntamiento y, por extensión, a los
vecinos y vecinas, además de informar sobre la situación de esas 134 multas
presuntamente sin pagar. Así mismo, se reclamó a la alcaldesa, Begoña Carrasco,
que explicase qué medidas iba a tomar".
Tras no obtener
respuesta, ni por parte de Begoña Carrasco ni por Cristian Ramírez, ni tampoco
por el portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, ese mismo día el Partido
Socialista, por registro oficial, presentó una instancia general para solicitar
información respecto a las multas impuestas al vehículo a nombre del concejal
de Movilidad, desde el 1 de enero de 2023 al 30 de enero de 2024. Entre los
diferentes datos reclamados se ha solicitado: importe total de multas, número
pendiente de pago, pagadas, importe total de las abonadas, importe total de las
que están pendiente de pagar, pagadas con recargo, multas pendientes de pago
con recargo e importe total de estas últimas, entre otros aspectos.
Tras esta denuncia, el
portavoz del equipo de gobierno, Vicent Sales, se limitó a decir horas después
que Cristian Ramírez reconocía oficialmente 29 multas sin pagar, que abonó esa
misma tarde del 31 de enero por valor de más de 2.000 euros, sanciones
acumuladas en los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, de las que al menos 9
correspondía ya a su periodo como concejal. Pese a ello, "seguía sin decir
nada de las 167 multas que, como había denunciado el PSPV, había acumulado
presuntamente durante el último año". Por tal motivo, desde el PSPV se siguieron
realizando preguntas en diferentes comisiones de estudio, pidiendo entre otras
cuestiones informe de la empresa adjudicataria de la zona azul, en el que debía
indicarse cuántas multas han sido impuestas al vehículo a nombre de Cristian
Ramírez de 2019 a 2023, cuántas se han pagado, cuántas están pendientes de
saldar y cuántas se han cancelado sin previo pago".
Sin respuestas
Todos estos datos forman
parte de la documentación remitida al Síndic de Greuges, a quien se ha
informado además de la celebración de la sesión plenaria solicitada por el PSPV
para que compareciese públicamente el concejal de Movilidad para rendir
cuentas, un pleno en el que, como señala Patricia Puerta, Cristian Ramírez
"no dio respuesta a las preguntas planteadas por nuestro grupo y en el que
exhibió una documentación a la que no hemos tenido acceso".
Al margen de disponer de
esta documentación, para el Grupo Municipal Socialista no queda más camino que
la alcaldesa de Castelló cumpla con sus obligaciones y cese de inmediato al
concejal de Movilidad, Cristian Ramírez, que sigue sin aclarar qué ha pasado
con las 134 multas que, presuntamente, no ha pagado por aparcar de forma
irregular en la zona azul de Castelló.
Patricia Puerta señala
que, independientemente de todas las explicaciones que aún tiene que dar
Ramírez, y los datos que ha de aportar, "solo con las 29 multas que ya ha
reconocido públicamente es motivo más que suficiente para su dimisión o para el
cese fulminante por parte de la alcaldesa de Castelló, que sigue siendo su
cómplice al mantenerlo en el cargo". Además, "que tenga la
desvergüenza que comparar estemodus operandide no pagar la
zona azul con tirar colillas al suelo o no llevar luz en la bicicleta es
tomarle el pelo a los y las castellonenses".
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