El PSPV exige al Gobierno que paralice la orden de cierre de las empresas públicas hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional

El portavoz socialista en Les Corts, Manolo Mata, ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley para instar al Gobierno a que paralice la orden de cierre de las empresas públicas deficitarias hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional sobre la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que actualmente está recurrida. En esta línea ha lamentado que “de nuevo sea un gobierno en funciones el que tome decisiones tan graves y decisivas para el funcionamiento de los servicios básicos que los ayuntamientos ofrecen a los vecinos”.

“El mayor déficit que tenemos los ciudadanos es tener a Cristobal Montoro como ministro” ha apuntado Mata en referencia a la carta que el ministro ha enviado a los ayuntamientos valencianos amenazando con el cierre de las empresas públicas deficitarias y sobre la que ha señalado “lo que debería de hacer el ministro es disolverse a sí mismo”.

En esta línea el portavoz socialista ha recordado que “Montoro lleva cuatro años mintiendo a Bruselas respecto a cómo se recorta la deuda del sector público” y que por el contrario “han sido los ayuntamientos y las comunidades autónomas las que sí han hecho los deberes ante el fracaso estrepitoso del gobierno central”. “Basta ver los números de la Sareb, de Aena o de Adif, generan miles de millones de deuda y ahora Montoro quiere resolver esta cuestión ahogando a pequeños ayuntamientos que utilizan empresas públicas para recoger la basura, para el saneamiento de sus aguas y para políticas de juventud”, ha denunciado Mata.

Presentación PNL

Por todo ello, ha anunciado la presentación de una Proposición No de Ley, por parte del grupo socialista en Les Corts, en la que solicita al Gobierno de España la rectificación y paralización de la “amenaza” de liquidación de las empresas públicas municipales deficitarias, en tanto no se aclaren las dudas de constitucionalidad planteadas ante el Tribunal competente para juzgarlas.

Del mismo modo también se insta al Gobierno a que antes de llevar a cabo esta “amenaza de cierre” se haga un estudio donde se determine el funcionamiento de estas empresas, así como el contenido de los servicios prestados, la condición de esencialidad de los mismos, el número de empleados de dichas sociedades, las razones de su déficit o el posible impacto de su cierre. “Montoro no puede lanzar una ofensiva contra los servicios públicos valencianos que prestan los ayuntamientos sin explicar el por qué, cómo y cuándo va a dejar desasistidos a esos municipios en basuras, saneamiento, en red de aguas potables y en otros muchos servicios públicos que ofrecen a los ciudadanos”, ha concluido Mata.