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MEDIO AMBIENTE

El área de Medio Ambiente de la Diputació de València subvenciona la certificación energética de 109 edificios de 51 municipios

Maria Josep Amigó, afirma que "lo que no se mide, no se puede mejorar, por lo tanto es fundamental conocer el consumo energético y las emisiones que genera un edificio"

REDACCIÓN - 23/11/2020

Centro ocupacional. EPDA.

La Diputació de València viene impulsando el Pacto de las Alcaldías para proponer una respuesta del municipalismo al reto del cambio climático. Una vez comenzado el primer paso, que era la redacción de los documentos y principalmente del Plan de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES), el siguiente objetivo era traducir la planificación en acciones concretas. Y en este camino la Diputació tenía que estar junto a los ayuntamientos, ofreciendo apoyo técnico y financiero para que puedan implementarlas. Entre otras líneas de actuación, el área de Medio Ambiente apostó por proyectos estratégicos como la electrificación del parque móvil de los ayuntamientos y la mejora de la eficiencia energética de los edificios municipales. Además, este año se impulsa, entre otros, el autoconsumo energético mediante la estrategia Reacciona.

La certificación es el primer paso para optimizar el confort de los edificios. Igualmente, es una herramienta que favorece la recuperación de profesiones ligadas al ámbito de la construcción, como la capacitación de profesionales relacionados con el asesoramiento energético. Así mismo, las administraciones públicas tienen que ser ejemplares y cumplir el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. “La finalidad de la certificación es, en primer lugar, analizar el estado de los edificios para determinar su aptitud energética, y en segundo, proponer acciones para reducir su consumo porque ya se sabe que solo aquello que se mide se puede controlar y mejorar”, ha explicado la vicepresidenta de la Diputación y responsable del área de Medio Ambiente, Maria Josep Amigó.

El balance de esta convocatoria, publicada a principios de año, es muy positivo puesto que se concedieron los certificados energéticos de 112 edificios y finalmente, se han realizado 109 en 51 municipios. Si no fuera porque dos se reformaron integralmente y un tercero porque la superficie real era inferior a los 250 m², la convocatoria habría logrado el 100% de las solicitudes. La superficie media certificada es de 732,60 m².

En cuanto a los usos, destaca claramente la certificación de las casas consistoriales, con un total de 40 inmuebles. También la certificación de 14 bibliotecas/casas de la cultura, 13 hogares de los jubilados/centros sociales, 12 escuelas y escoletes, entre otros, así como 5 casas de la música, 5 gimnasios/polideportivos, 3 centros de salud, 2 albergues municipales e incluso 1 piscina cubierta. En cuanto a la etiqueta energética, 10 edificios han obtenido la A, 23 la B, 55 la C, 11 la D, 9 la E y 1 edificio la F. La titulación del personal técnico certificador ha sido muy diversa.

De hecho, 31 edificios han sido certificados por arquitectos, 28 por ingenieros industriales, 27 por ingenieros técnicos industriales, 19 por arquitectos técnicos y 4 por ingenieros agrónomos, principalmente personal técnico municipal, que son las personas que mejor conocen los puntos débiles de los edificios y saben qué medidas son las más adecuadas para incrementar el aislamiento o renovar el alumbrado, la climatización... De la misma forma, también han sido muy variadas las mejoras sugeridas, destacando, por el corto periodo de retorno de la inversión, de 1 a 3 años, la sustitución del alumbrado a LED. También se han propuesto muchas instalaciones solares fotovoltaicas, de aerotermia o de biomasa, con tasas de retorno de entre 4 y 8 años. Cabe remarcar que, en general, el nivel de los trabajos presentados ha sido alto, pero para garantizar todavía más su utilidad se han introducido criterios de calidad en las bases de la justificación de las ayudas.

Finalmente, conscientes de que toda actuación pública tiene que dirigirse a incrementar la sostenibilidad de nuestra sociedad y, en el caso de la corporación provincial, de los ayuntamientos valencianos, la certificación energética de edificios, así como las otras acciones y ayudas impulsadas desde el área de Medio Ambiente de la Diputació de València, contemplan, no solo el ámbito ambiental, sino también el social y el económico. En este sentido, hay que resaltar que la mayoría de los trabajos objeto de subvención, tanto la elaboración de las certificaciones como los proyectos y las futuras obras de instalación de placas solares, e incluso la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga, son realizados o suministrados por agentes económicos locales, es decir, profesionales, autónomos y pequeñas empresas valencianas, hecho que contribuye a consolidar la economía local y a fortalecer el tejido social.

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