Tabla de las entradas y salidas de Pangea del 2007 al 2011. //ANDRÉS GARCÍA La ‘trama de las asesorías’ salpica a varios funcionarios del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer, tras una vasta investigación que lleva imputadas a 36 personas, incluyendo a alcaldes y ex alcaldes, abogados y funcionarios. En el caso de Canet, una vez se ha levantado el secreto del sumario, se ha descubierto que están imputados el jefe de la Policía Local e hijo del principal investigado, José Antonio Sancho, así como la tesorera municipal, Magda Lapiedra.
Pero la causa ha puesto en el disparadero también a la empresa que se encarga de la recaudación desde 1996 sin que se haya celebrado ningún concurso desde entonces -el gobierno municipal acaba de sacarlo a concurso y se han presentado 6 firmas, incluida Recaudaciones Levantinas-.
Según los datos que han recopilado la Guardia Civil, Recaudaciones Levantinas pagó a Millena III Milenio, una firma de Sancho, 121.000 euros en dos años, 69.600 en 2009 y 51.998 en 2010.
Se da la circunstancia de que uno de los socios de dicha empresa, hasta que ganó una plaza de funcionario, estuvo empleado en dicha empresa, concretamente del año 2004 al 2008. Se trata de Vicente Almenar Alabau.
Almenar Alabau fue administrador solidario desde 2006 hasta 2013, cuando cesó. Durante unos años contabilizó el cargo con el de funcionario, plaza de administrativo que consiguió en el 2009 siendo Sancho presidente del tribunal. El resto de tribunal estuvo formado por personas algunas de las cuales están imputadas en la misma investigación, como Ismael Asensio, secretario de San Antonio de Benagéber -donde también trabaja Recaudaciones Levantinas-; Rafael Parra, otro de los presuntos cabecillas de la trama; o el secretario del Ayuntamiento de Cheste, José Luis Fayos.
Llama la atención también que Almenar fue empleado de Millena III Milenio desde el año 2004 a 2008. Almenar está en el departamento de Urbanismo, desde donde supervisan en verano las terrazas de restaurantes, chiringuitos y demás comercios. En caso de no cumplir con los requisitos establecidos, se levanta acta y se inicia un expediente sancionador que acaba cobrando Recaudaciones Levantinas.
Entre las sorpresas que ha destapado la investigación se encuentra el caso de la funcionaria Reyes Sala de Naldas, encargada del registro municipal y una de las personas más próximas a Sancho, dada de alta en la seguridad social en el año 2007 en la empresa Millena III Milenio. En la misma también trabajó Cristina Duarte Quintero, desde 2007 a diciembre de 2011. Duarte ganó una oposición de auxiliar administrativo en el año 2012 siendo Sancho presidente del tribunal. Lo hizo junto a la mujer del tránsfuga socialista, Amparo Peruga. Actualmente, es la secretaria del juzgado de Paz.
La trama ha acabado por imputar también al actual jefe de la Policía Local, José Antonio Sancho González, hijo del ex secretario municipal, así como otra funcionaria del Consistorio, técnica de gestión y tesorera del mismo, Magdalena Lapiedra. A estos nombres se une el de la esposa de Sancho, María Amparo González Sanchis, al trabajar en la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), una de las firmas investigadas, junto a Asesores Económicos Públicos.
Lo que se investiga es una extensa trama formada por empresas, funcionarios y políticos según la cual se ‘saqueaban’ numerosas administraciones públicas a través de facturas de trabajos no realizados o precios inflados.
También un empresario
En el caso de Canet d’En Berenguer, donde comenzó la investigación junto a La Pobla de Farnals, tras una extensa investigación de El Periódico de Aquí, figura como imputado el ex secretario municipal, pero también su hijo, jefe de la Policía Local, quien era socio del padre en José Antonio Sancho Abogado SLP y a cuyo nombre estaba el bajo en calle Almirante, 1, donde figuraban hasta 4 empresas, entre ellas la propia Academia Valenciana de Juristas, José Antonio Sancho Abogado SLP o Millena III Milenia, firma donde hasta el 2013 estaba de administrador único Juan José Sánchez Amores, cuyo padre recibió concesiones municipales del Consistorio de Canet por periodo de explotación de 75 años por un pago irrisorio de 6.000 euros anuales.
Precisamente, la empresa Vitas de Amarre SL, que gestiona el Hotel Playa Canet también aparece en la investigación. Juan José Sánchez Amores es apoderado solidario. En el año 2010 dicha firma pagó 24.972,72 euros a Federación Profesional Valenciana, otra de las firmas investigadas pertenecientes a Sancho. En dicho año, aparecen como perceptores de trabajo tanto Amparo González, como María Inda Sancho, mujer e hija de Sancho y en el apartado de Representado figua José Antonio Sancho Sempere.
Federación Profesional Valenciana recibió en la época investigada 165.000 euros de la Asociación Valenciana de Juristas y 25.000 de José Antonio Sancho Abogado SLP, mientras que la Federación pagó a su vez 10.670 euros a Millena III Milenio, 1.300 a la AVJ, 3.000 a José Antonio Sancho Sempere y 6.000 a José Antonio Sancho Abogado SLP.
En otro orden de cosas, se da la circunstancia de que hasta hace unos días el abogado de las personas más próximas a Sancho era el mismo, José Ignacio Torres.
Pero como ha podido saber El Periódico de Aquí es Sancho quien se defiende en estos momentos a sí mismo y según fuentes de toda solvencia, se ha puesto en contacto con los abogados de otros imputados para intentar hacer una defensa común.
Entre los que defendía Torres se encontraban la Academia Valenciana de Juristas; el ex alcalde de San Antonio de Benagéber y actual portavoz del PP, Eugenio Cañizares; Juan Jesús Gilabert; María A. González, esposa de Sancho; María Magdalena Lapiedra; José Ignacio Maruenda García-Peñuela -ex secretario de la AVJ y quien percibió 12.000 euros en un solo año por asesoramiento a una veintena de inmigrantes; José Antonio Sancho Sempere y su hijo y jefe de Policía.
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