El Sindicato Unificado de Polícia denuncia "el intento de represión del comisario de Sagunto contra los representantes sindicales"

El Comité Provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) quiere hacer público "el intento de represión por parte del comisario, jefe de la Comisaría Local de Sagunto, contra los representantes sindicales y concretamente el representante del SUP, que presta servicio en la Brigada de Seguridad Ciudadana de dicha comisaría. Un ataque directo al derecho de representación y reivindicación sindical dentro de la policía".

"Dicha situación afecta directamente a la ciudadanía de Sagunto",según afirman desde el sindicato pues "a raíz de los últimos recortes de los derechos de los policías llevados a cabo poreste Gobierno y el anterior, el número de actas de intervención de sustanciaestupefacientes (que supone una forma de recaudación del gobierno por medio de las multas de 400 euros a ingresar por las arcas del Estado) ha disminuido drásticamente". "Se evidencia así el malestar y la desmotivación del funcionariado policial que, privado del derecho de huelga, encuentra en la reducción de dichas multas una forma de mostrar su disconformidad con la gestión del Gobierno", explican desde el SUP.

El número de actas, junto con el número de detenidos, tiene un gran peso específico a la hora de cobrar un complemento anual variable denominado D.P.O. cuya cantidad varía en función de los resultados estadísticos de cada comisaría. La D.P.O. es percibida por todos los funcionarios pero en una cantidad proporcional a su categoría, de modo que es más elevada para las categorías superiores.

A fin de incrementar el número de actas de intervención, la Jefatura de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Sagunto "ordena a sus policías que realicen de tres a cinco controles policiales diarios durante los cuales se debe detener aquellos vehículos cuyos ocupantes sean susceptibles de portar pequeñas cantidades de hachís o marihuana para su consumo, identificar y cachear a dichos ciudadanos y registrar su vehículo".

"Consideramos que dichos controles policiales rozan la ilegalidad, dado que se nos ordena restringir los derechos constitucionales de libre circulación y del derecho a la intimidad, únicamente con el fin de intentar sancionar una infracción administrativa", lamentan.

"Hasta donde tenemos conocimiento, detalla el SUP, la ley sólo contempla dos tipos de controles: los llamados Dispositivo Estático de Control (D.E.C.), que requieren comunicación a Delegación del Gobierno y los controles que se realizan cuando acaba de ocurrir un hecho delictivo a fin de evitar la huida de sus autores. Los controles que nos ordenan, que la superioridad denomina “filtros”, no se incluyen en ninguno de los dos anteriores".

Por este motivo, el pasado día 12 de diciembre de 2012, los representantes sindicales exigieron al comisario de la Comisaría Local de Sagunto que facilitara una orden de servicio en la que se detallara pormenorizadamente las circunstancias y condiciones en que se tienen que realizar dichos controles, "no habiéndose realizado dicha orden a día de hoy", destacan.

"Opinamos que las reticencias de la superioridad para ordenar por escrito lo que hasta ahora sólo ordena verbalmente, obedece a que ellos mismos consideran que están ordenando realizar cacheos e identificaciones improcedentes", afirman.

"Todo el documento escrito que se facilita a los policías para justificar estos controles es un cuadrante donde se establece el número de filtros diarios y las horas a las que se tienen que realizar los mismos, junto con una leyenda que reza “Obligado cumplimiento” y la firma del Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana", explican desde el sindicato.

El SUP, así como un gran número de policías, "afiliados nuestros o no, consideramos que realizar cinco controles diarios, sin las más elementales medidas de seguridad en los que se obliga al ciudadano (sólo para comprobar si lleva una pequeña cantidad de cannabinoides), detener su vehículo, salir del mismo, entregar su documentación, ser cacheado y su vehículo registrado en el núcleo urbano de Sagunto y a la vista de sus conciudadanos, es una injerencia en el derecho de libre circulación y el honor de las personas incompatible con nuestro juramento de servir a la ciudadanía y velar por el cumplimiento de las leyes", denuncian.

"La persecución sindical que denunciamos se materializa en el hecho de que el comisario haya comunicado al representante sindical del S.U.P. que presta su servicio en la Brigada de Seguridad Ciudadana, que ha solicitado de la D.G.P. que le reduzca la mísera cantidad que percibió el año pasado por el concepto de D.P.O. acusándoles de no contribuir a la reducción de la delincuencia, basándose en el número de propuestas de denuncias en base a la ley L.O 1/92 y de detenidos, no teniendo en cuenta las horas y horas de patrullaje preventivo o los innumerables servicios de auxilio a la ciudadanía", destacan.

Dicha reducción en la D.P.O. "no nos consta que se haya solicitado hasta el momento para ningún otro funcionario de policía en toda la provincia de Valencia, los tres primeros casos que tenemos conocimiento son los de la Comisaría de Sagunto", concluyen.