El taxi sí que acabará pidiendo indemnizaciones si se les concede algún derecho sobre el urbano que nunca han tenido

El Taxi es un Servicio Público, no solo porque lo digan las Leyes, o varias Sentencias del Supremo y del Constitucional, sino porque es un servicio de Transporte regulado y limitado para proteger al ciudadano y ofrecerle garantías de un Transporte profesional y seguro a un precio equilibrado, que garantice de forma justa la sostenibilidad de las personas que trabajan en este sector.

La VTC es un Servicio empresarial privado, que invierte millonadas para conseguir el monopolio y ajusta su precio en función de la necesidad del usuario, para poder cobrarle el máximo que pueda pagar en cada momento. Solo garantiza el enriquecimiento de cuatro especuladores a costa de cosas tan banales, como la seguridad, la fiscalidad o la profesionalidad del conductor, que no pasa ningún tipo de control. 

Como ejemplo, tenemos procesos judiciales abiertos porque no cubren a los pasajeros con seguros de responsabilidad adecuados, o intentan pasar ITV cada cuatro años en vez de cada seis meses (pervirtiendo el uso del vehículo y jugándose la seguridad de todos).

El Taxista reinvierte todo lo que gana en nuestra sociedad, fortaleciendo el estado del bienestar (pensiones, sanidad, educación, infraestructuras, etc).

Las VTC desvían gran parte de sus ingresos a la fiscalidad en paraísos fiscales, debilitando el sistema social de nuestro país.

Es cierto que tienen mucho dinero, lo invierten en comprar voluntades políticas o periodísticas con campañas bestiales en publicidad (hemos visto a presidentes y alcaldes saliendo en las fotos con ellos para vender su producto y hemos leído los documentos de “Uber Files”, que destapan una pequeña parte de la corrupción que les rodea. Nada es gratuito.

Y por último, quiero rebatir las mentiras que leemos a diario en prensa. Afirman que se les quiere quitar un derecho (que nunca han tenido) y que el Tribunal de la UE ha dicho que no se puede limitar a las VTC.

Jamás han tenido una autorización expresa vinculada a una matrícula que les permita hacer servicios íntegramente urbanos (salvo que sea dentro de un servicio integrado en un transporte nacional en su paso por zona urbana). 

El Tribunal de la UE eliminó la restricción 1/30, pero lo hizo por la eterna chapuza normativa que nos rodea, al no haberlo justificado con informes de necesidad o proporcionalidad basados en el Interés General (ciudadanos, contaminación, espacio público, etc), no porque los Estados no puedan restringir a las VTC. Hay muchas restricciones que no han tumbado los tribunales y que tampoco cumplen.

La autorización de VTC no les permite utilizar los carriles exclusivos de Transporte Publico (hay una Sentencia del Tribunal de la Union Europea de 2015 que lo aclara), no pueden recoger a mano alzada, no pueden estacionar en vía pública ni deambular por la ciudad sin un servicio contratado (hacen todo esto con total impunidad). 

Cada Autorización está creada para una función y nadie puede hacer lo que uno quiere con ella, por mucho dinero que tenga. En la sociedad Europea hay reglas y nadie puede hacer lo que le da la gana indefinidamente, por mucho dinero que tenga. 

La Directiva Europea 2006/123 determina claramente que el Transporte urbano queda excluido de la libertad de establecimiento y el mismo Tribunal de la UE zanja la cuestión dejando claro que, si una VTC quiere trabajar en zonas urbanas, los Estados pueden exigir una segunda autorización añadida a la que tienen para transporte interurbano. Autorización que no tienen.

Ahora amenazan con indemnizaciones si se les quita el “derecho” a hacer servicios urbanos. 

El Supremo ya les dijo claramente que no tienen ningún derecho adquirido sobre el servicio urbano, sino que tenían expectativas que en modo alguno son indemnizables (Sentencia 3409/2023 del Tribunal Supremo).

El Taxi sí que podrá pedir indemnizaciones millonarias si finalmente la Generalitat se inventa algún derecho que hasta ahora no tenían sobre el servicio urbano en la Comunidad Valenciana.

El sector del Taxi solo espera que la Generalitat evite la selva en el transporte de la Comunidad Valenciana, no permitiendo ese pelotazo millonario que supone que especuladores inviertan 38 € por cada autorización, que luego revenden por decenas de miles de euros y luego saturen más nuestras calles de coches negros.

No se puede jugar con la seguridad y el futuro de un Servicio Público de los ciudadanos valencianos, para contentar a nadie, no se trata de proteger a los taxistas ni favorecer a las multinacionales que están detrás de las VTC, sino que se debe pensar en los ciudadanos, que son los que pagarán el pato de todo esto si finalmente se liberaliza al sector de las VTC para que se conviertan en taxis negros sin tarifas reguladas. 

Presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos de la Comunidad Valenciana.