Fachada del edificio del Tribunal Constitucional en Madrid. EFE El Tribunal Constitucional ha rechazado un recurso presentado por Compromís en contra de la decisión de la Mesa del Congreso de inadmitir a trámite una proposición de ley de este partido que facultaba a la Cámara a fiscalizar las cuentas de la Casa del Rey y a publicar bienes y actividades de sus miembros.
El fallo del Tribunal Constitucional no entra en el fondo de la cuestión, esto es, si el Congreso está facultado para controlar las cuentas de la Jefatura del Estado, sino en la falta de legitimidad de los cuatro diputados de Compromís, integrados en 2018 en el grupo mixto, para presentar esa proposición de ley.
La sentencia razona que, de conformidad con el Reglamento del Congreso de los Diputados, las proposiciones de ley pueden ser presentadas con la firma de quince diputados o de un grupo parlamentario.
Sin embargo el TC aprecia la falta de legitimación de los diputados recurrentes para impugnar el acuerdo de la Mesa del Congreso, por no ser titulares, individualmente o en el número que han comparecido ante el Tribunal, de la facultad de presentar una proposición de ley, ni ostentar la representación del grupo parlamentario mixto, autor de la iniciativa legislativa.
"La falta de legitimación de los demandantes, ha de determinar la inadmisión del presente recurso de amparo, sin que proceda, en consecuencia, que hagamos pronunciamiento alguno sobre el fondo de la pretensión deducida", asegura el TC.
Sí entraron en el fondo del asunto la letrada de las Cortes Generales y la Fiscalía para solicitar la desestimación del recurso de amparo.
En opinión de la letrada, la proposición de ley incurre en una inconstitucionalidad “palmaria y evidente” dado que el texto perseguía atribuir a las Cortes Generales una facultad de control e información sobre la actividad del Rey y de su Casa contraria a los articulos 56.3, 65.1 y 66 de la Constitución Española.
El Ministerio Fiscal se pronunció también a también a favor de la desestimación de la demanda de amparo porque la iniciativa buscaba un "control político" sobre los actos del Rey.
"Control político" que choca frontalmente con la Carta Magna que establece la inviolabilidad e irresponsabilidad de su persona e implica también una invasión de la facultad de disponer libremente de los fondos que recibe de los presupuestos generales del Estado para el mantenimiento de su Familia y Casa.
La proposición de ley rechazada en septiembre de 2018 pretendía que la página web de la Casa del Rey publicara las declaraciones de bienes y actividades de los miembros de la familia real, del mismo modo que las web del Congreso y el Senado publican las de todos los diputados y senadores.
También proponía la comparecencia parlamentaria de altos cargos de la Casa del Rey para informar de la gestión presupuestaria de la institución, así como la aportación de información exhaustiva por parte del Gobierno sobre el dinero que destina indirectamente a la Jefatura de Estado.
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