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CASO BLASCO

El Tribunal de cuentas embarga 59.000 euros a Blasco y los transfiere a la Generalitat

Lo hace en el marco del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas

EFE - 12/01/2019

El exconseller Rafael Blasco durante una declaración ante los tribunales. EFE/Archivo

El Tribunal de Cuentas ha embargado 59.000 euros a tres de los condenados del PP por el caso Blasco, entre ellos, el exconseller Rafael Blasco, y los ha transferido a la Generalitat en el marco del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.

Así consta en una notificación del máximo órgano auditor del Estado, que persigue que excargos del PP y funcionarios condenados devuelvan los 1,7 millones de fondos públicos que debieron destinarse a varios proyectos de cooperación en Nicaragua pero que se desviaron para que los responsables de la trama de corrupción compraran varios inmuebles en València, según fuentes conocedoras del caso.

De los 1,7 millones de la ayuda humanitaria al Tercer Mundo solo llegaron a su destino 43.953 euros y el Tribunal de Cuentas ya cifró en 1.623.819 euros el quebranto para las arcas públicas valencianas.

Los 59.000 euros recuperados ahora corresponden a las pensiones del ex conseller de Solidaridad bajo el mandato de Francisco Camps, Rafael Blasco, y de su exsecretaria general administrativa Tina Sanjuán, y a la nómina del exsubsecretario de Solidaridad Alexandre Catalá, según las mismas fuentes.

Con este embargo, la Generalitat ha podido recuperar hasta la fecha en torno a 650.000 euros de los 1,7 millones desviados.

En junio de 2015, el Tribunal Supremo ratificó la condena de Rafael Blasco y otros responsables de la trama de corrupción por el desvío de fondos destinados al Tercer Mundo dictada un año antes por el TSJ de la Comunitat Valenciana.

Blasco fue condenado por malversación, prevaricación y falsedad documental a 6 años y medio de prisión.

En el procedimiento penal del TSJCV ya se procedió a requerir la devolución de las cantidades a los empresarios pero es en el Tribunal de Cuentas donde corresponde la reclamación a las autoridades políticas y funcionarios condenados.

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