Enrique Crespo, expresidente de la empresa pública Emarsa, a su salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia. EFE/Archivo En una
sentencia de 834 folios (la que dictó la Audiencia Provincial de Valencia en
junio de 2018 tenía 2.222) el alto tribunal confirma la condena de doce años
para el exgerente de la empresa pública que gestionaba la principal depuradora
de Valencia, Esteban Cuesta, y de diez para el exvicepresidente de la
Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo.
También ha
condenado al exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar,
dependiente de la Generalitat) José Juan Morenilla a nueve años de prisión; al
ex director financiero de esa empresa dependiente de la Generalitat Enrique
Arnal a ocho años y seis meses, y al exresponsable de informática de Emarsa
Sebastián García a siete años.
Los
principales responsables de la empresa pública que gestionaron la depuradora de
Pinedo (Valencia) articularon "un sistema fraudulento de facturación con
el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público".
"Para
ello se concertaron con varios empresarios para que emitieran facturas por
servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real, de modo que
incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado",
añade la sentencia.
La trama de
facturación del caso Emarsa se desarrolló a través de tres vías: la retirada y
gestión de lodos con elevados sobrecostes, la entrega de bienes o prestación de
servicios inexistentes y el cómputo de gastos que no son fiscalmente
deducibles, como viajes y regalos, que no tenían relación directa con su
actividad.
El Supremo
únicamente realiza cuatro modificaciones respecto a las condenas impuestas a
los procesados: absuelve a Eva María Marsal del delito de falsedad documental y
la condena por malversación a dos años y tres meses de prisión.
Condena a
Sebastián García como cooperador necesario de un delito continuado de
malversación, en concurso con falsedad, con la atenuante de confesión a siete
años de prisión (anteriormente siete años y seis meses).
También
condena a María Paz García Martínez como cómplice de malversación y como autora
de falsedad documental, a dos años de prisión; y a Adolfo Polo como cómplice de
un delito continuado de malversación de caudales públicos y falsedad, con las
atenuantes de reparación del daño y confesión, a un año y cuatro meses.
El juicio
por la pieza principal de este caso, que se pospuso dos veces, quedó visto para
sentencia el 14 de diciembre de 2017, tras cerca de un centenar de vistas en
ocho meses y siete años de instrucción, que llevó a procesar a exdirectivos de
las empresas públicas Emarsa, Emshi y Epsar y a varios empresarios, por delitos
de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y
falsedad.
Es
previsible que todos los condenados con penas superiores a los dos años
ingresen en las próximas fechas en centros penitenciarios, tras haber agotado
las opciones de recursos judiciales. EFE
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