Blasco junto a su mujer, también imputada. FOTO MARÍN El
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha rechazado
el recurso
de Augusto César Tauroni, el empresario condenado en el “Caso
Cooperación” por el desvío de las ayudas de la Generalitat al Tercer
Mundo, contra la decisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número
1 de denegarle la concesión del tercer grado. Tauroni fue compañero de fechorías del otrora todopoderoso Rafael Blasco, también en prisión por el mismo caso.
La
Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal considera que no concurren
los requisitos
exigidos para permitir que el empresario, condenado a seis años de
prisión por adquirir inmuebles en Valencia con el dinero concedido en
2008 por la Conselleria de Solidaridad a la Fundación Cyes para dos
proyectos de desarrollo en Nicaragua, evolucione del
segundo al tercer grado penitenciario y disfrute, de este modo, de un
régimen de semilibertad.
En su resolución, el TSJ
alude al riesgo de fuga del penado, que tiene intereses en el extranjero
y aún está pendiente de ser juzgado
en las otras dos piezas del “caso Cooperación” que investiga
Instrucción 21 por el desvío de fondos para la construcción de un
hospital en Haití y por las subvenciones
concedidas por la Conselleria a distintas ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011.
A
la posibilidad de que intente evadir la acción de la Justicia se une,
según
la Sala de lo Civil y Penal, la falta de arrepentimiento y “la escasa
colaboración que ha demostrado a la hora de reparar las consecuencias
del delito no ya mediante un expreso reconocimiento de los hechos (…)
sino mediante la reparación del daño causado al
erario público como lo evidencia el que apenas se ha podido recuperar,
por el momento, un escaso porcentaje del monto al que alcanzan las
responsabilidades civiles”.
Según
explica el TSJ en su auto, “no podemos cuestionar que el recurrente sea
una persona que goza de una perfecta integración social, que posee un
adecuado apoyo social y familiar, que disfruta de una adecuada
educación y formación, que hace que tenga unas buenas
expectativas de trabajo. Pero se da la circunstancia que ya disfrutaba
de estas condiciones antes de cometer el delito; y es más, en su caso
podemos añadir que han sido esas condiciones las que le
han permitido cometer el delito por el que cumple condena ya que sin
ellas nunca habría podido acceder a la condición profesional que le
sirvió de base para su actuación”.
La
Sala considera que la pena de prisión, además de la reinserción social y
reeducación,
cumple una función de “prevención social”, que hace que, ante un delito
como el cometido por Tauroni, con gran repercusión social, no pueda
trasladarse a la sociedad la imagen de que “por tratarse de una persona
de cierta categoría social, la pena, en su caso,
es meramente testimonial”.
El
delincuente, arguye el Tribunal en su resolución, ha de asumir “las
consecuencias
de sus actos”; no basta con que pase un tiempo en prisión obteniendo
títulos universitarios y asistiendo a cursos de formación porque si bien
esto permitirá su reinserción laboral, no es menos importante la
“formación moral”, que hace que el individuo “rechace
sus actos anteriores asumiendo su propia responsabilidad y, en
definitiva, el delito”. Sólo esto, asegura el TSJ, “permitiría afirmar
que el condenado, ante un estímulo equivalente al que en su día tuvo, no
va a actuar de una manera similar, lo que desde luego
no consta”.
Desde que el
caso pasó del Tribunal Superior de Justicia a Instrucción 21, una vez
que el exconseller dimitió como diputado autonómico y dejó de estar
aforado ante el Alto Tribunal,
la jueza ha imputado a dos personas más y ha tomado declaración a más
de 60 testigos, más de 20 en el marco de la pieza separada número 2, la
que investiga las subvenciones concedidas por la Conselleria a distintas
ONG’s en los años 2009, 2010 y 2011.
En esta
pieza hay 25 investigados (imputados según la denominación anterior a la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal), entre los que figuran el
exconseller Rafael Blasco,
el que fuera jefe de área de Solidaridad, Marc Llinares; la
exsecretaria general, Tina Sanjuán; y el empresario César Augusto
Tauroni.
Esta pieza está abierta por delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad y fraude de subvenciones.
La pieza
separada número 3, la que investiga el desvío de fondos para la
construcción de un Hospital en Haití, se encuentra en la recta final de
la instrucción, después de que la
jueza haya tomado declaración a casi 40 testigos desde que el TSJ
devolvió la causa.
La
conclusión de esta pieza, con 12 imputados, entre ellos, Blasco,
Llinares, Sanjuán y Tauroni, pende de un informe de la Intervención
encargado por la instructora.
Blasco,
parte de su equipo y otros integrantes de la trama ya fueron condenados
por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a penas
de entre dos y seis años
de prisión por comprar varios inmuebles con fondos públicos destinados a
la Cooperación y el Desarrollo.
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