La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha confirmado
la suspensión cautelar
el requrimiento efectuado por la
Conselleria de Sanidad a la
empresa Ribera Salud
para que ésta le entregara contratos
y facturas con proveedores pertenecientes al periodo de vigencia de la concesión sanitaria suscrita por ambas entidades.
La Sala desestima así el recurso de reposición presentado por la
Generalitat contra
el auto
del tribunal
que dejó en suspenso
el requerimiento Director General de
Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Sanidad dirigido
al Director Gerente de Ribera Salud, el pasado 26 de noviembre, exigiendo la citada documentación
tras la publicación
en varios medios de comunicación de informaciones sobre la causa que se
sigue en un Juzgado de Instrucción por supuesto cobro de comisiones a
los proveedores
de material sanitario.
A este respecto, el TSJ subraya que “el
hecho de tratarse
de un concesionario de un servicio público no permite que por una
noticia de prensa pueda solicitar documentación de diversos hospitales y
proveedores
de Ribera Salud durante numerosos años”.
Añade que
ante
la posible existencia de unas diligencias previas abiertas en un
Juzgado de Instrucción, el auto que aporta la Generalitat Valenciana
para
argumentar su solicitud “no aclara ni el motivo de la investigación ni
el alcance (...) ni nos dice qué delito se está persiguiendo, ni
siquiera que la acción se dirige contra Ribera Salud”.
La resolución recuerda, por último, que el Juzgado de Instrucción tiene potestad para
solicitar la documentación que estime oportuna.
Según los magistrados de la Sección Quinta,
para estimar un recurso de reposición, el recurrente debe destacar el error de la
resolución recurrida y añade que “examinado el recurso no vemos que la Generalitat ponga
de relieve el error que ha cometido esta Sala en la resolución recurrida”.
El
Tribunal reconoce que la Generalitat Valenciana tiene la facultad de
interpretación e inspección ante un servicio público y reitera que no
pone
ninguna objeción a esta intervención “con una base justificada”. No
obstante, detalla que “el hecho de tratarse de un concesionario de un
servicio público no permite que por una noticia de prensa pueda
solicitar documentación de diversos hospitales y proveedores
de Ribera Salud durante numerosos años”.
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