El valenciano, un pueblo español de segunda

Parece que en España hay ciudadanos de primera y de segunda. Y los valencianos, por más que aportemos al conjunto del Estado y ofrendemos incluso nuevas glorias a España en nuestro himno, seguimos siendo tratados como los últimos de la fila. El Levante feliz nos llamaban, los idiotas del Este, diría yo. Año tras año, legislatura tras legislatura, promesa tras promesa, nuestra tierra acumula agravios que ya no pueden esconderse bajo la alfombra del tacticismo político. La infrafinanciación, el desprecio a nuestras competencias, la marginación en infraestructuras básicas o el olvido ante tragedias evitables no son anécdotas ni errores puntuales: son síntomas de un problema estructural. Somos el pueblo invisible, ignorado en Madrid -en el Congreso de los Diputados y en todos los Gobiernos de España, da igual que haya algún que otro valenciano o valenciana-, aplaudido sólo cuando toca recolectar votos o llenar las arcas del Estado.

La Comunitat Valenciana es, desde hace décadas, la autonomía peor financiada de toda España en términos per cápita. Lo dice la propia AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) y lo confirman los informes del Ministerio de Hacienda. Recibimos menos dinero por habitante que la media nacional, a pesar de tener un coste de servicios similar y unas necesidades evidentes de inversión. Y pagamos la sanidad de todos los turistas que recibimos del resto de España y del mundo.

Mientras tanto, comunidades como el País Vasco y Navarra disfrutan de un régimen foral que les permite recaudar y gestionar sus propios impuestos, quedándose con la parte del león. Y ahora, Cataluña está a punto de conseguir, tras una negociación marcada por chantajes políticos, un trato singular que bordea lo confederal. ¿Y los valencianos? Seguimos esperando una reforma del sistema de financiación que nunca llega, con los servicios públicos asfixiados y los ciudadanos pagando más por menos. ¿Y nuestros representantes valencianos en Madrid?

Otro agravio especialmente doloroso es la anulación del derecho civil valenciano. Tras años de trabajo legislativo y con el respaldo de la sociedad valenciana, el Tribunal Constitucional tumbó las leyes aprobadas por Les Corts que desarrollaban el derecho civil propio, amparándose en una interpretación centralista de la Constitución. Mientras otras comunidades históricas ejercen su derecho civil sin problemas, a nosotros se nos niega esta herramienta clave para legislar sobre asuntos tan esenciales como familia, herencias o régimen económico matrimonial. La reclamación para recuperar esta competencia es un clamor que no encuentra eco en el Congreso ni en los grandes partidos nacionales. Y ello pese a que Juristes Valencians logró que el 99’7% de Ayuntamientos lo reclamaran, junto a la mayoría del Parlamento valenciano y entidades civiles de esta nuestra Comunidad.

La falta de inversión en infraestructuras en la Comunitat Valenciana no sólo lastra nuestro desarrollo económico, también pone en peligro vidas humanas. El temporal DANA del pasado 29 de octubre de 2024 volvió a demostrarlo con brutal crudeza. Inundaciones que arrasaron barrios, negocios y cultivos podrían haberse evitado —o al menos mitigado— con actuaciones pendientes desde hace años. Los encauzamientos de barrancos como el del Poyo o la Saleta, fundamentales para evitar desastres, siguen sin ejecutarse por falta de voluntad política y fondos. Informes técnicos claros y precisos que fueron ignorados, unos partidos políticos que los obviaron y una sociedad civil conformista y resignada.

Y no es sólo cuestión de prevención. El Corredor Mediterráneo, una infraestructura clave no sólo para la Comunitat Valenciana, sino para toda España y Europa, avanza a paso de tortuga mientras otros proyectos se priorizan sin justificación técnica. A pesar de que el eje mediterráneo genera más del 40% del PIB español y conecta territorios con alta densidad industrial, turística y agrícola, su modernización ferroviaria sigue sin ser una prioridad estatal real.

No pedimos privilegios. No pedimos trato especial ni compensaciones históricas. Exigimos justicia y equidad. Queremos una financiación que nos permita prestar servicios públicos con dignidad. Queremos que se nos respete como pueblo con capacidad legislativa. Queremos infraestructuras del siglo XXI, no parches decimonónicos. Y, sobre todo, queremos que se nos escuche.

Porque los valencianos no somos menos. Somos una parte esencial del proyecto común que es España. Pero si ese proyecto sigue construyéndose a espaldas de nuestro territorio y nuestras necesidades, cada vez será más difícil sostener el sentimiento de pertenencia. España no puede permitirse seguir ignorando a quienes tanto dan y tan poco reciben. Ya es hora de que los valencianos dejemos de ser ciudadanos de segunda. Porque lo somos todo, menos invisibles. Menos ofrendar y más reivindicar.