Empresarios de ocio nocturno recurren ante la Audiencia Nacional su cierre

Representantes, dueños y trabajadores de los sectores de hostelería, comercio y ocio de Benidorm se manifiestan en contra de las medidas adoptadas sobre el cierre del ocio nocturno y las limitaciones impuestas a la hostelería para frenar los casos de coronavirus. EFE/Manuel Lorenzo/Archivo

Después de más de dos semanas, desde el pasado 14 de agosto en el que la Comisión Interterritorial del Sistema de Salud Pública adoptó la decisión de cerrar la actividad de los locales de ocio, promovida por el Ministerio de Sanidad, las diferentes asociaciones del ocio nocturno de la Comunidad Valenciana, Federación de Hostelería y Turismo de la Comunidad Valenciana -FOTUR, Asociación de locales de ocio y restauración de Alicante –ALROA,ON Castellón y ON Benicasim, y Asociación de empresarios de salas de baile y discotecas de Alicante, junto con la Asociación Nacional de Empresarios de Ocio y Espectáculos España de Noche, anuncian la presentación de un recurso ante la Audiencia Nacional para denunciar la inconsistencia jurídica y epidemiológica del cierre del ocio nocturno, y la presentación coordinada de recursos contra los decretos publicados por las diferentes Comunidades Autónomas.

15 días después del cierre de bares musicales y discotecas en España, ha quedado demostrado que los locales de ocio NO han provocado el rebrote de los contagios. Después de 3 meses en los que apenas un 10% del sector había desarrollado su actividad desde que el pasado 21 de mayo se iniciara la desescalada del confinamiento, se ha puesto de manifiesto que la actividad reglada de estos locales, y sometida a restricciones tan severas como el 33% del aforo, la limitación de los horarios, o la prohibición de la utilización de las pistas de baile, no tenían prácticamente incidencia en la evolución de la enfermedad ni de los contagios del coronavirus.

Por desgracia, ha sido durante las dos últimas semanas en las que se ha disparado el nivel de brotes y contagios en todas las comunidades autónomas, sin que el cierre de estos locales haya permitido reducir el crecimiento de los contagios.

Se trata de una situación que hemos venido anunciando y anticipando en las últimas semanas, y que pretendía responder a la absurda estigmatización del sector basándose en hechos aislados y puntuales, denunciados por el propio sector, y en datos estadísticos sin consistencia y que ahora han quedado en evidencia al ponerse de manifiesto quela expansión de los contagios no tenía una incidencia especialmente importante en los locales de ocio.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el recurso dirigido a la Audiencia Nacional, España de Noche reclama que se identifiquen los indicadores que se han utilizado para demostrar la especial peligrosidad sanitaria de la actividad de los locales de ocio en España, el número de brotes detectados y de contagiados, las pruebas PCR realizadas, los rastreos realizados a los contactos de riesgo, etc.

Junto con los datos epidemiológicos, el recurso denuncia la inconsistencia jurídica de una orden comunicada que se dirige a las comunidades autónomas para que elaboren los decretos en los que se prohíbe la actividad de los locales de ocio, sin que estuviera basada en ninguna instrucción publicada en el BOE, ni en ningún acuerdo del Consejo de Ministros porque, tal y como señalaba la Abogacía del Estado, las decisiones adoptadas por las CC.AA., carecen de la fundamentación jurídica necesaria.

Teniendo en cuenta lo anterior, España de Noche cree necesario denunciar la inconsistencia de las actuaciones promovidas contra un sector de la economía sin que se contemplaran otras alternativas ni se acompañarán de medidas económicas complementarias, y que solo ha servido de cortina de humo mientras asistíamos incrédulos, por ejemplo, a imágenes como las del hacinamiento en el transporte público que se producen todos los días en las grandes ciudades españolas, o a la tardanza en activar un plan de choque implicando a la Unidad Militar de Emergencias que permitiera contar con los rastreadores necesarios en las comunidades autónomas, y que llegan 3 meses tarde.

Respecto a los decretos de las CC.AA., que también van a ser recurridos, hay que denunciar la confusión generada por la dispersión de su redacción, ola fragrante irregularidad que supone que no establezcan un plazo tasado de tiempo de aplicación de la medida, tal y como es obligatorio de acuerdo con la Ley General de Salud Pública que regula estas situaciones excepcionales.

Por lo que resulta imprescindible convocar la Comisión de Seguimiento constituida por el Gobierno y los agentes sociales para definir el contenido de un plan de choque específico para salvar a las empresas de ocio y espectáculos que permita rescatar la actividad de las empresas de uno de los sectores estratégicos y singulares más importantes de nuestro país.