Entra en vigor el nuevo Decreto de Convivencia en los colegios valencianos

El nuevo Decreto de la Convivencia en el Sistema Educativo Valenciano ha entrado en vigor este miércoles con el objetivo de reforzar la protección del alumnado, especialmente el más vulnerable, prevenir la violencia en las aulas y consolidar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha afirmado que este decreto responde a una demanda del colectivo docente y de las familias ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en las aulas en los últimos años.

El Decreto de Convivencia incorpora una vertiente inclusiva, refuerza la protección de las víctimas, especialmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad, que actuará como causa agravante en la gradación de la responsabilidad.

Según la consellera, representa “un blindaje legal ante las conductas que alteran la convivencia en los centros educativos, garantizando la protección y el bienestar del alumnado, incluyendo la igualdad, la inclusión, el respeto a la diversidad, así como los derechos regulados en la normativa vigente”.

El decreto establece la figura de la coordinación de bienestar y protección como elemento clave en la prevención y actuación ante situaciones de violencia que, bajo la supervisión de la dirección del centro, y en colaboración con los servicios de orientación, será la responsable de articular las medidas de protección del alumnado, impulsar protocolos y trabajar de manera coordinada con los profesionales de los Servicios Sociales, de salud mental infanto-juvenil y de otros recursos del entorno.

Por otro lado, refuerza la respuesta frente al acoso escolar y el ciberacoso, regula el uso de dispositivos móviles y simplifica los procedimientos disciplinarios.

Respecto al uso de dispositivos móviles en los centros educativos, solo se permiten con fines didácticos recogidos en el proyecto educativo o por motivos de salud debidamente justificados, con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar socioemocional del alumnado.

Además, regula la aplicación de procedimientos de conciliadores basados en la mediación y reconoce la autoridad docente, y el profesorado cuenta con protección jurídica y cualquier agresión, injuria u ofensa en el ejercicio de sus funciones pasa a ser considerada falta grave.

Incorpora medidas educativas provisionales, el procedimiento conciliador ante faltas graves y la posibilidad de tramitación urgente de los expedientes disciplinarios en los casos más graves, reduciendo plazos y garantizando la seguridad jurídica.

Paralelamente, se simplifica la gestión administrativa mediante un módulo específico en la plataforma ITACA que permitirá el seguimiento digital de los procedimientos.