Juan Carlos Fulgencio. EPDA En esta semana de septiembre hemos vuelto a las guarderías, a los colegios e institutos, a los trabajos… En definitiva, a una rutina más o menos diferente, convencidos de que necesitamos seguir responsablemente con nuestras vidas dentro de la nueva normalidad -aún con algunas incertidumbres-, pero incrementando día a día nuestra esperanza y confianza.
Pero este retorno no lo hemos hecho todos. Muchos han perdido su vida al no superar esta desconocida enfermedad. Y a ellos les seguimos llorando y recordando, mientras continuamos reconociendo y no olvidando, el esfuerzo y sacrificio de miles de empleados públicos que lucharon contra este mortal virus.
Incertidumbre, mayores certezas, lucha colectiva, unidad y esperanza de país.
Esa lucha y esa unidad colectiva son necesarias, dejando a un lado la pelea y el tacticismo partidista ante un enemigo común como es el virus. Resulta obvio – y a pesar de ello todavía hay que recordarlo- que la pandemia no entiende de ideologías. Todos los partidos políticos deben estar a la altura de las circunstancias, especialmente aquellos que han tenido y tienen responsabilidades de Gobierno y que, por lo tanto, en su acción política deben compartir el sentido de Estado.
Ante la crisis social y económica que sufre el país no podemos dejar de contar con instituciones fuertes y legitimadas. La legitimidad temporal de los miembros del CGPJ o del propio Defensor del Pueblo forma parte en su naturaleza y de la calidad de nuestra democracia.
Y además España debe disponer de unos Presupuestos Generales del Estado que nos permitan aprovechar toda la potencialidad de los recursos europeos, una movilización sin precedentes: 140.000 millones de euros para nuestro país en los próximos 6 años, de los cuales 72.000 millones son transferencias directas. Ello supone una enorme oportunidad que no se materializará con unos presupuestos prorrogados que han quedado obsoletos e inservibles.
Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia sanitaria pueden tener un coste demasiado alto para muchos colectivos vulnerables. Como país, prosiguiendo el ingente esfuerzo de protección social del Gobierno de Pedro Sánchez, necesitamos reactivar y modernizar nuestra economía y los ejes de transformación -la digitalización, la ecología y la igualdad-, impulsando la creación de empleo digno, de calidad y cualificado. Debemos combatir la precariedad y garantizar una cohesión social más necesaria que nunca, como bien ha demostrado el Gobierno de España con su apuesta decidida por no dejar a nadie atrás. Los servicios públicos y el Estado del Bienestar se han mostrado como la auténtica red de seguridad de la ciudadanía.
Permitir la tramitación de los PGE no es apoyar al Gobierno o compartir su hoja de ruta. Es demostrar que este país puede confiar en su clase política para recuperarse económica y socialmente en un contexto extraordinario.
Podemos optar por la unidad o por las viejas divisiones. Fuimos capaces de doblegar la curva cuando todos sumamos fuerzas, cuando respondimos unidos. Lo hicimos juntos y lo conseguimos juntos, frenando la ola más feroz y destructiva de la pandemia. Sanitarios, militares, policías, limpiadores, maestros y otros muchos profesionales, trabajan para todos y a todos nos protegen, porque no hay un virus de derechas y un virus de izquierdas. Hay un virus que nos amenaza a todos.
Somos un país admirable. El peor mal de España ha sido no creer en sí misma, porque España puede, si España quiere.
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