Esquerra
Unida de Torrent ha registrado hoy en Las Cortes Valencianas, a través de su
Grupo Parlamentario, una Proposición No de Ley donde pide soluciones a “una serie
de necesidades educativas que necesitan de una planificación y de un compromiso
por parte de las administraciones públicas implicadas, la Generalitat
Valenciana y el Ayuntamiento”.
La iniciativa
parlamentaria, firmada por la síndica y coordinadora de Esquerra Unida del País
Valencià, Marga Sanz, insta a la consellera de Educación y ex alcaldesa de Torrent,
María José Català, a “realizar una planificación educativa para el municipio que
aborde las necesidades de centros, la demanda de escolarización actual y que realice
un plan de inversiones y ejecuciones de proyectos” y que lo haga reuniéndose
conjuntamente “con el Consejo Escolar Municipal y el Ayuntamiento de Torrent para
establecer las prioridades y las necesidades de mejora de la educación en el
municipio, así como para estudiar una nueva ordenación del mapa escolar que
compense la distribución desigual de los Centros de Acción Educativa Singulares
(CAES) en la asignación a los institutos de secundaria de Torrent.”
En la propuesta
de resolución de la iniciativa presentada en sede parlamentaria, Esquerra Unida
se hace eco de la reivindicación histórica de la ciudad del colegio público
número 10 y exige que las obras se ejecuten inmediatamente. También pide, dada
la alta demanda de estos estudios, la construcción de un Centro Integral de Formación
Profesional.
“Centros de Iniciativa Social”
Por otra
parte, Esquerra Unida del País Valencià ha registrado hoy en Las Cortes una
interpelación dirigida a Mª José Català para que explique “en qué punto se encuentra
el desarrollo de la política de construcción de Centros de Iniciativa Social (centros
privados construidos en suelo público) que anunció su predecesor, José Císcar”,
ante los rumores que apuntan la proyección de un centro de este tipo en
Torrent.
El
coordinador de Esquerra Unida de Torrent, Juan Lull, ha mostrado su preocupación
por esta posibilidad y le ha pedido a Mª José Català y a la actual alcaldesa,
Amparo Folgado, que aclaren “si pretenden cederle suelo público municipal a una
entidad privada para que pueda hacer negocio con la enseñanza, como ya pasó con
la Universidad Católica.”
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