FACUA Comunidad Valenciana insta a la
organización del festival Marenostrum, cancelado apenas a 24 horas de
su celebración, a que inicie de inmediato y con garantías el proceso de
devolución de las más de 20.000 entradas ya vendidas a todos los
usuarios que las adquirieron.
La promotora del festival de música electrónica, cuya celebración
estaba prevista en el municipio valenciano de Alboraia del 8 al 10 de
julio, ha anunciado la cancelación del evento tras recibir la negativa
del Ayuntamiento a conceder las licencias necesarias, así como la orden
de desmontar las instalaciones, tras desaconsejar la Generalitat su
celebración por motivos medioambientales.
La asociación reclama a la organización, dado el importante número de
localidades vendidas, que proceda cuanto antes a poner en marcha la
devolución del dinero, indicando para ello a los afectados cómo
reclamarlo. Además de las entradas, la asociación recuerda a los
afectados, muchos de ellos de fuera de Valencia e incluso de España, que
también deben reclamar a la organización del festival todos los gastos
derivados, tales como desplazamientos o alojamiento. Para ello, FACUA
Comunidad Valenciana recomienda hacer acopio de todos los recibos y
facturas que fuesen necesarios para justificar y reclamar dichos gastos.
"Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestra mano. Con el
corazón destrozado no podremos abrir las puertas mañana acatando las
órdenes y continuando con la filosofía de hacer todas las cosas de forma
lícita", ha anunciado la organización del Marenostrum, que no ha aclarado nada sobre la devolución de las entradas.
En el caso de que las quejas sobre los pases y los gastos derivados no
sean atendidas por parte de la promotora, la asociación insta a los
usuarios a que presenten una reclamación ante las autoridades de consumo
que les correspondan.
Además, FACUA Comunidad Valenciana informa a los afectados de que
pueden acudir a los tribunales de justicia para interponer una demanda
de reclamación de cantidades, un proceso para el que no es necesaria la
asistencia de abogado ni procurador cuando no se superan los 2.000
euros.