La concejala de EU y los dos de IPC aprobaron el contrato de basuras. FOTO EPDA El contrato de la gestión del servicio de recogida de basuras podría no entrar en vigor en Canet d’En Berenguer tras el recurso presentado por FCC. Este asunto fue tratado en la junta de gobierno el pasado 9 de marzo en un informe realizado por Carmino Sancho, funcionaria hija del secretario municipal.
En el mismo se recoge que el pasado 2 de marzo FCC interpuso un recurso de reposición contra el acuerdo plenario del 12 de febrero, en el que se concedió la recogida de basuras a Acciona con sólo tres concejales de la oposición, un hecho extraordinario y atípico. Votaron a favor la concejala de EU, María Amor Uviedo, y los dos ediles de IPC, una formación que fue impulsada por el ex presidente del PP, Carlos Platón Sáez, quien tras perder las elecciones en Puerto Siles, ha decidido encabezar la candidatura de dicha formación.
Además, Carmina Sancho también señala en el apartado dos que la mercantil TETMA y GIRSA presentaban con fecha 27 de febrero y 6 de marzo, respectivamente, ‘‘el anuncio previo del recurso especial en materia de contratación’’.
Se da la circunstancia que la funcionaria que realizó un informe que fue fundamental para que finalmente Acciona lograra más votos que el resto de las ofertas, ha decidido lavarse las manos y pedir un nuevo informe al técnico jurídico y de Patrimonio, José Rajadell.
Fuentes jurídicas han señalado a El Periódico de Aquí que para que un contrato de un importe de 4’95 millones de euros y un periodo de 10 años, debería haber sido votado por la mayoría del pleno municipal, además de señalar ‘‘lo extraño que supone que el propio equipo de gobierno, el PP, se abstenga, tras ser quien promovía la convocatoria del concurso. ¿Desde cuándo un gobierno presenta un proyecto para después abstenerse y, pese a todo, salga adelante?’’.
El concurso nació desde el primer momento con polémica, pues un recurso del PSPV hizo que la justicia obligada a cambiar los pliegos iniciales.
El gobierno del PP pidió un informe a un técnico externo que difería del realizado por el de Medio Ambiente del Ayuntamiento. Según los socialistas, con un coste de 6.000 euros, que el alcalde, Leandro Benito, negó tajantamente: ‘‘no nos ha costado un euro’’.
Al diferir en las puntuaciones, en la segunda mesa tanto PP como socialistas plantearon numerosas cuestiones y dudas a los técnicos ‘‘y al no dar contestación o no resolver, es por lo que decidimos oponernos’’, explicaba Octavio Herranz, portavoz del PSPV. En este punto, los populares llegaron incluso a pedir un tercer informe, pues la solución aportada por Carmina Sancho, técnico de Contratación, fue una media aritmética entre los dos informes, ‘‘algo que no se ajustaba a los pliegos, de ahí nuestras dudas’’, señalaron desde el PP.
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