El Comité
Ejecutivo de la Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) ha alertado hoy de los riesgos que para el
sector metalmecánico suponen las últimas normativas aprobadas por el
Gobierno en materia fiscal y energética, unos lastres impositivos que
consideran inasumibles, que penalizarán aún más su competitividad e
incrementarán el intrusismo y el fraude fiscal y laboral.
FEMEVAL
estima que tan sólo con la eliminación
de exenciones a la Seguridad Social por conceptos como el plus de
transporte, de distancia, cheques guardería, seguros médicos etc. se
generará un coste añadido de más de 10 millones de euros anuales por punto
de cotización para las empresas del
sector metalmecánico de la provincia de Valencia.
Asimismo, la gravosa subida de la base mínima de cotización para los autónomos
societarios y aquellos con más de diez trabajadores perjudicará
sobremanera a los empresarios de servicios y comercio del metal, que en su
mayoría reúnen ese perfil. Una medida
que tampoco favorece a las pequeñas y
medianas empresas vinculadas a la construcción como electricidad,
fontanería, instalación de aire acondicionado... que adolecen de una nula
financiación bancaria. El Comité Ejecutivo de FEMEVAL ha puesto de manifiesto
que se trata de uno de los sectores más
demonizados y más culpados de la recesión al que las entidades financieras se han negado a abrir el caudal de crédito.
Un escenario que está provocando el cierre de numerosas empresas y pérdida de
empleo y que no se prevé mejore a corto plazo con estas imposiciones
irresponsables.
Al
respecto, advierte que este tipo de
medidas amenazan la incipiente recuperación del metal. Un sector que en el
último trimestre de 2013, y a pesar de estos obstáculos, consiguió generar 4.800 empleos y alcanzar su mejor cuota de actividad desde 2008 y que corre el peligro
de estancarse con medidas arbitrarias de este tipo
FEMEVAL
insiste en lo contraproducente de
una decisión unilateral del Gobierno adoptada
a espaldas del diálogo social. Y
señala que esta actuación que mide a
todas las empresas con el mismo rasero, lejos
de atajar la economía sumergida,
provocará un mayor intrusismo y fraude fiscal y laboral.
A este despropósito legislativo se le une, por
un lado, la suspensión de la tarifa de
interrumpibilidad del suministro eléctrico, con el que las industrias se
ahorraban cerca de 750 millones de euros al año, y por otro los costes
desmedidos que soporta el sector derivados de la
regularización extraordinaria de los peajes de acceso que incrementaron el
coste fijo del suministro hasta un 170% en algunos casos, de
la reciente reforma energética y del precio final de la electricidad para
la industria que se sitúa como uno de los más caros de Europa. Unos costes, en ocasiones superiores a los laborales,
que se han duplicado y hasta triplicado
durante el mes de diciembre de 2013.
Según FEMEVAL, las empresas del metal necesitan energía a
precios competitivos. Por lo que cualquier alteración al alza merma de forma
considerable su capacidad competitiva, sobre todo para las empresas
exportadoras, y conlleva una pérdida de actividad y empleo, e incluso de
deslocalización.
Con tal
motivo, el Comité Ejecutivo de FEMEVAL ha acordado solicitar a sus organizaciones cúpula que insten al Gobierno a que sume
esfuerzos para analizar y reconsiderar las consecuencias económicas y sociales
de estas medidas, ante todo, improvisadas y no consensuadas con los
agentes sociales y que contradicen su objetivo
de favorecer la contratación estable, así como el compromiso del Gobierno de
reducir las cargas impositivas a las empresas y la generación de empleo.
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