Cartel promocional de las acciones ante la celebración, el 22 de septiembre, del primer juicio por la huelga feminista de 2018. Miembros de la Assemblea Feminista de València, Arran y de Alerta Solidària se han concentrado este mediodía frente a las puertas de la Delegación del Gobierno en València para denunciar la "represión política" que aseguran sufren estos movimientos sociales ante la celebración, el 22 de septiembre, del primer juicio por la huelga feminista de 2018.
Se trata de uno de los tres procesos sancionadores, derivados de las 20 multas que se registraron en la huelga feminista del 8 de marzo de 2018 y 2019 por presuntas faltas de orden público y que ascienden a unos 11.000 euros, que han agotado la vía administrativa y han pasado a la judicial.
El primero de los juicios se celebrará el próximo martes, día 22, y el segundo está convocado para el 28 de octubre, según han informado desde el movimiento feminista.
La portavoz de la Assemblea Feminista de València, Mireia Biosca, ha afirmado en declaraciones a EFE que estos juicios suponen una "criminalización del movimiento feminista", fruto de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, más conocida como "ley mordaza", aprobada por el PP y que el gobierno de coalición PSOE-Podemos se comprometió a derogar pero "no ha hecho nada".
Biosca señala que con esta protesta quieren además dar visibilidad a la "represión" que asegura sufre no solo el movimiento feminista sino otros colectivos sociales, con un claro "trasfondo político".
Denuncia asimismo la "inacción" de la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, que se comprometió a revisar las sanciones impuestas a activistas del movimiento feminista, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta y al final se haya llegado a juicio.
Por su parte, la delegada del Gobierno, Gloria Calero, ha dicho al ser preguntada al respecto en una rueda de prensa que tiene la intención de reunirse "en breve" con el Ministerio para ver qué posible solución legal se puede encontrar, ya que una vez han pasado los plazos de alegaciones "no se pueden tomar decisiones arbitrarias".
Calero ha recordado que esas sanciones se impusieron en los años 2018 y en 2019, en un proceso durante el que se presentaron alegaciones que no fueron estimadas, y ha afirmado que en 2020 no ha habido ninguna denuncia similar.
"La ley mordaza no nos ha gustado nunca ni nos gusta", ha manifestado la delegada del Gobierno, quien ha añadido que el Ejecutivo central tiene "la firme intención" de cambiar esa norma.
El movimiento feminista ha convocado una nueva concentración el próximo martes, a las 12 horas, frente a las puertas de la Ciudad de la Justicia de València con motivo del inicio del primer juicio a una de las activistas sancionadas durante la huelga del 8 de marzo de 2018.
Esta tarde, a las 19 horas, la Assemblea Feminista de València, Arran y de Alerta Solidària realizarán una charla sobre el "feminismo represivo", en las puertas del Rectorado de la Universitat de València, y se proyectará el cortometraje "Jo també vaig ser piquetera", sobre las huelgas feministas de 2018 y 2019.
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