El presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, tras declarar en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción 4 de Castellón en la causa abierta contra el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra por un préstamo que habría concedido al exlíder del PP.EFE/ Doménech Castelló El
presidente del Grupo Pamesa y del Villarreal CF, Fernando Roig, ha afirmado hoy
haber "contestado lo que le ha preguntado el juez" y estar "de
puta madre" tras haber declarado como investigado en la causa abierta
contra el expresidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra,
por un préstamo que le concedió al exlíder del PP.
Roig ha
declarado hoy a las 11 horas en calidad de investigado ante el Juzgado de
Instrucción 4 de Castellón que instruye esta causa, en una jornada en la que
también han declarado cinco empresarios más.
Preguntado
por si "está tranquilo", el presidente del Villarreal CF ha dicho
estar "de puta madre".
A todas las
diferentes preguntas formuladas por los medios de comunicación, Roig ha
reiterado que "he contestado lo que me ha preguntado su señoría".
Roig ha
comparecido tanto en su propio nombre como por ser responsable de la mercantil
Portovan S.L., que concedió un préstamo con garantía hipotecaria a Fabra por valor
de 1,4 millones de euros.
Además de
el presidente del Grupo Pamesa y de los otros cinco empresarios, otros
empresarios están citados a declarar por la misma causa los días 25 y 26 de
enero.
El
expresidente de la Diputación y del PP de Castellón Carlos Fabra declaró el
pasado 28 de octubre ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón,
después de que el 22 de septiembre su domicilio en la localidad de Oropesa del
Mar fuera registrado por agentes de la Policía Nacional, en el marco de esta
investigación.
El juzgado
abrió esta causa en 2017 tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión
de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de
capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, sin perjuicio
de una ulterior calificación.
El juzgado
investiga si el expresidente de la Diputación castellonense ocultó bienes de su
patrimonio para dificultar la ejecución de la sentencia de la Audiencia de
Castellón del año 2013 (confirmada en 2014 por el Tribunal Supremo) por la que
fue condenado a cuatro años de prisión y al pago de una multa de 1,4 millones
de euros como autor de cuatro delitos fiscales.
El
exmandatario popular permanece alejado de la vida política después de salir de
la prisión de Aranjuez (Madrid) en mayo de 2016, donde ingresó en diciembre de
2014 tras haber sido considerado culpable de cometer cuatro delitos fiscales,
además de tener que pagar una multa de 693.000 euros y de indemnizar a Hacienda
en la misma cantidad.
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