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TRIBUNALES

Fiscalía pide inhabilitar hasta 10 años a 3 exalcaldes del PP de Cabanes (Castellón)

El arquitecto municipal, Rubén Bellido, hizo valer su condición de funcionario del ayuntamiento desde 2007 para conseguir que obras promovidas por el consistorio fueran adjudicados al otro acusado
EFE - 17/04/2019
El alcalde de Cabanes en 2010, Artemi Siurana, al que la Fiscalía pide inhabilitar 10 años. EFE/Archivo El alcalde de Cabanes en 2010, Artemi Siurana, al que la Fiscalía pide inhabilitar 10 años. EFE/Archivo
La Fiscalía ha solicitado penas inhabilitación para cargo público de hasta 10 años para tres exalcaldes del PP en la localidad castellonense de Cabanes y pena de prisión para el arquitecto municipal por delitos de prevaricación y tráfico de influencias, ya que habrían adjudicado obras de manera irregular a una empresa vinculada al arquitecto municipal.
Según el escrito de la Fiscalía hecho público por Compromís, el arquitecto municipal, Rubén Bellido, hizo valer su condición de funcionario del ayuntamiento desde 2007 para conseguir que obras promovidas por el consistorio fueran adjudicados al otro acusado, que era compañero de despacho suyo.
Con estas artimañas consiguió que entre 2008 y 2013 un total de 28 trabajos fueron adjudicados por el Ayuntamiento de Cabanes a su compañero por un importe de 211.115 euros.
Los hechos ocurrieron siendo alcaldes Artemio Siurana (desde 2008 a 2011), Francisco Vicente Artola (2011 y 2012) y Estrella Borrás (2012 y 2013), todos ellos del Partido Popular.
Todos los contratos adjudicados al acusado, según el escrito de fiscalía, "fueron considerados contratos menores sin tramitación previa de expediente de contratación, ni encargo de informe de conveniencia de las obras, ni valoración de precios" y se "fraccionaron para eludir la aplicación del procedimiento negociado".
Estos contratos fueron adjudicados nominalmente por los tres alcaldes, quienes ordenaron los pagos "a sabiendas de su ilegalidad por cuanto eran quienes decidían la contratación externa y la persona a contratar" y adjudicándolos finalmente al acusado "debido a las relaciones que le unían" con el arquitecto municipal.
Además el secretario-interventor, según el escrito, "no formuló ningún reparo al pago de las facturas con la finalidad de favorecer al acusado" que recibió las adjudicaciones.
Los hechos, según la Fiscalía, son constitutivos de dos delitos continuados de tráfico de influencias y un delito continuado de prevaricación.
Considera a los alcaldes y al secretario responsables de un delito continuado de prevaricación, y al arquitecto y a su compañero de los delitos continuados de tráfico de influencias.
Para Siurana y el secretario pide una pena de inhabilitación especial para cargo público de 10 años; para Francisco Vicente Artola y Estrella Borrás una pena de inhabilitación especial para cargo público de 8 años y 6 meses y para el arquitecto y su socio penas de 2 años de prisión para cada uno más una multa de 422.223 euros a cada uno.
El concejal entonces en la oposición, Carles Mulet, trasladó, entre 2013 y 2014 documentación relativa a estas adjudicaciones al despacho del arquitecto municipal a la Fiscalía, quien imputó al arquitecto municipal , Rubén Bellido, y también a la entonces alcaldesa del PP Estrella Borrás.
Para el actualmente teniente de alcalde de Cabanes, Carles Mulet " mi labor consintió en poner en conocimiento del Ministerio Público unas contrataciones sospechosas de estar fuera de la legalidad" y "a partir de ese momento fue Fiscalía quien trasladó el caso a los Juzgados, e inició la imputación de hasta seis personas".
Ha agregado que estas actuaciones hay "enmarcarlas en una etapa negra de la historia reciente del municipio, envuelto en escándalos, empadronamientos fraudulentos, cobros ilegales por parte de los cargos públicos y reiterados abusos urbanísticos".

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