Fiscalía archiva las diligencias contra el anterior equipo de gobierno del PP de Segorbe por entender que no hay responsabilidad penal

Enero de 2007, inauguración de la subestación eléctrica

La Fiscalía Provincial de Castellón ha decidido archivar las diligencias de investigación, abiertas contra el anterior equipo de gobierno del PP a instancias de los grupos Socialista y Segorbe Participa, por presuntas irregularidades detectadas en las auditorias de urbanismo y contratación realizadas en la ciudad, correspondientes a la anterior legislatura.

La Fiscalía ha resuelto que las irregularidades administrativas no son de competencia de la jurisdicción penal, por lo que no le corresponde “determinar si el procedimiento elegido era el pertinente o sí, siéndolo, se ha seguido la normativa vigente”. Por ello la Fiscalía considera que al no haber responsabilidad penal, debe archivar las diligencias, dejando abierta la posibilidad de que se reitere la denuncia ante el juzgado de instrucción competente.

Según afirman desde el actual equipo de gobierno municipal, "las auditorias pusieron de manifiesto irregularidades en diferentes procedimientos como las dos ampliaciones del contrato de suministro de agua potable realizadas en anteriores legislaturas, que suman un total de 25 años de concesión. A este respecto, tanto el auto del Fiscal como la auditoría citan que debió "someterse a una nueva licitación", por la "ilegalidad" de dicho procedimiento. Por otro lado, “se detectó la solicitud de 1.000.000€ a la empresa concesionaria del servicio, sin haberse encontrado determinados documentos necesarios que justificasen la ampliación y el anticipo”.

Por otro lado, en la auditoría urbanística “se advirtió la falta de suficiente información para justificar los gastos de un convenio para conectar la subestación eléctrica de Villatorcas con la localidad de Segorbe”. Este convenio tuvo un importe de 1.388.058,32€, "careciendo de documentación que justificase dicha inversión y prescindiendo de todo procedimiento de licitación". Además, no se correspondían las cantidades pagadas con las justificadas en poder del Ayuntamiento de Segorbe. Según el auto, "pese a no contar con Certificado final de Obra, nadie cuestiona la realidad de las obras, ciñendo la controversia en lo que al precio se refiere".