Fomento mantiene el suspense y no aclara a Compromís qué piensa hacer en el futuro con la autopista AP-7

Un tramo de la AP-7

“El Ministerio de Fomento sigue sin aclarar qué piensa hacer en poco más de un año con la autopista de peaje AP-7, una de las más rentables de España y que tiene una intensidad media diaria que supera los 20.000 vehículos”, ha denunciado el senador territorial Carles Mulet.

El vial ha sido explotado desde la década de los 70, cuando entraron en servicio y es en 2019 cuando acaba la concesión a la empresa Abertis (Francia-Alacant). Esl resto de concesionarias son Ciralsa (circunvalación de Alacant), Ausur (Crevillent-Cartagena), Aucosta (Cartagena-Vera) y Ausol (Fuengirola-Guadiaro). La concesión de Ciralsa y Aucosta puede prolongarse hasta 2040 y 2044 respectivamente y la de Málaga-Estepona hasta 2054. La corporación Abertis obtuvo en 2014 unos ingresos de 4.889 millones de euros y unos beneficios de 655 millones. Además de la AP-7 explota las R-2, R-3 y R-5, que el PP pretende rescatar de su situación a partir del próximo verano y que se estima costarán unos 50 euros de media por ciudadano en lo que técnicamente denominan para justificarlo ‘Responsabilidad Patrimonial de la Administración’.

La pregunta al Gobierno de Mulet surgía tras las declaraciones del delegado del Gobierno Central en el País Valenciano que afirmó, como también hizo la ministra en su día, “que no alargarán más la concesión” -tras dos prórrogas- pero que el Gobierno podría optar por no suprimir totalmente el peaje en la AP-7 para «compensar» el déficit acumulado en otras autopistas como las radiales de Madrid u optar por otras fórmulas de gestión. El senador fue claro y reclamaba saber si este final de la concesión supondría también el final del cobro de peajes o por el contrario estos seguirían, a pesar de que el dinero se lo quedará el Gobierno para paliar el déficit de las autopistas radiales de Madrid.

“La respuesta no puede ser más insultante al señalarnos lo que todo el mundo sabe: el contrato de concesión de la autopista AP-7, Tarragona-Valencia-Alicante, finaliza en el año 2019. Ello significa que la relación contractual con la sociedad que actualmente explota la concesión habrá finalizado, revirtiendo la autopista a la Administración General del Estado, pero sin clarificar para nada nuestros temores, que son que se les ocurra mantener regulado el uso del vial mediante peaje y no se abra al público como herramienta y vial de gran capacidad que articula el territorio y soluciona graves problemas de accesibilidad, accidentalidad y movilidad por toda la autonomía. Algo que ya nos merecemos después de 40 años pagando peajes”, ha añadido. “A pesar de ello la respuesta, sobre el futuro de la AP-7 es tan imprecisa, que evidencia que algo esconden sobre este negocio”, concluye.