El hijo del ex alcalde de San Antonio de Benagéber, la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals y una funcionaria amiga de Sancho, los tre finalistas al examen inacabado de técnico de Gestión. FOTO P. V. La Audiencia Provincial de València ha estimado el recurso presentado por el ex alcalde de Canet, Leandro Benito, y le ha absuelto del delito de prevaricación recogido en la sentencia del juzgado de lo Penal número 6 de València que le condenó por el nombramiento de una prima suya como técnico de Gestión, quien ya tenía plaza de funcionaria y había pasado dos exámenes de una oposición que el Consistorio no llegó a concluir y que tenía al entonces secretario, José Antonio Sancho Sempere como presidente del tribunal.
La Audiencia da la razón al ex primer edil y abre la puerta a que recupere su acta de concejal, dado que la Junta Electoral Central había reclamado al Ayuntamiento, basándose en la primera sentencia, el acta de concejal. De hecho, desde que se publicó la sentencia que además retiraba el acta a Benito, se han celebrado varios plenos en los que la siguiente en la lista del PP de Canet podría haber tomado posesión de acta de concejal. Un hecho que no se ha producido en previsión a que la Audiencia absolviera a Leandro Benito y pudiera recuperar su acta como edil, como parece ser que finalmente así será.
Procés de Cataluña
El recurso presentado por Leandro Benito hacía expresa mención a que se suprimiese la pena por inhabilitación para empleo o cargo público que recogía la sentencia. ‘‘A raíz del Procés de Cataluña se cambió la ley, de manera que en una sentencia inhabilitante o una condena, la administración ya puede pedir el acta de concejal. Afortunadamente, no se ha podido mover la lista y al no haber causa de inhabilitación, ahora corresponde a la Junta Electoral y al Tribunal Supremo rectificar su posición inicial’’, ha señalado Benito a El Periódico de Aquí.
La sentencia 286/20 llegó el 28 de julio y se notificó a principios de septiembre, estimando el recurso de apelación presentado por el ex alcalde Leandro Benito el 4 de junio, contra la sentencia 86/2020 de fecha 19 de febrero. Un recurso que no pudo presentar antes con motivo del cierre de los juzgados por el coronavirus.
La acusación de prevaricación se refiere al nombramiento como técnico de Gestión de Mar Antoni, prima hermana del ex alcalde que ya era funcionaria mucho antes de que Benito llegara a la alcaldía en el año 2011. De hecho, la sentencia avala lo que recoge el decreto de 1-10-2013, con ‘‘explicaciones razonadas acerca del motivo por el cual se decide nombrar a M. Mar Antoni para el puesto vacante de técnico de gestión’’ y que ‘‘nadie puso en duda que la persona nombrada reuniera las condiciones necesarias para desempeñar’’ dicho puesto’’.
Así, señala que ‘‘la plaza de técnico de gestión estaba vacante en fecha 1-10-2013; que la mencionada plaza se encontraba debidamente dotada en el presupuesto municipal; que la opositora a dicha plaza en propiedad, había superado los dos primeros ejercicios de la fase de la oposición; que la señora Antoni era ya funcionaria en propiedad, plaza de auxiliar administrativo, en dicho Ayuntamiento; que Mar Antoni ya se encontraba realizando, desde hacía más de un año, funciones propias de la plaza de técnico de gestión; que era necesario cubrir de inmediato la plaza referenciada; que por las circunstancias expuestas se procedía a nombrar, con carácter urgente e interino para cubrir la plaza, debiendo cesar de la interinidad una vez finaliado el proceso de selección’’.
La justicia se ha fijado sólo en el nombramiento de Antoni como técnico de Gestión de manera interina, que ha resultado ser legal. Sin embargo, no ha entrado en el concurso que acabó frenando El Periódico de Aquí en el que los tres finalistas que optaban a la plaza eran, además de Mar Antoni, la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García, y el hijo del entonces alcalde de San Antonio de Benagéber, Eugenio Cañizares, Consistorio donde ejercía de abogado Sancho. Tres personas con relación muy estrecha con el presidente del tribunal de aquellas polémicas oposiciones, que no era otro que el secretario municipal, José Antonio Sancho, condenado por varios casos de corrupción, uno de ellos en la misma causa que llevó a la cácel a García por aceptar soborno de Sancho en el Ayuntamiento del que era alcaldesa. Las sospechas sobre estas prueba hicieron que los exámanes se paralizaran. De hecho, 8 años después de iniciarse las pruebas, el proceso sigue sin resolverse.
Larga investigación
En la hemeroteca digital de Elperiodicodeaqui.com se pueden recordar varias informaciones al respecto tras una larga investigación de este periódico:
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