Carlos Gil ¡Ya tenemos Gobierno! Y ha resultado ser tan abundante como poco sorprendente. Debe ser que Pedro Sánchez ha querido recuperar con la cantidad de ministros el tiempo que ha pasado como Presidente en funciones. O quizá que haya pensado que esa cantidad supliría, por sí misma, la falta de calidad de sus integrantes.
Desde esta semana, España se puede permitir pagar tres ministros para que hagan el papel que, hasta ahora, hacía solo una. Sumando así no resulta difícil llegar hasta las veintitrés sillas que, desde ese martes, se precisan para cualquier reunión del Consejo de Ministros (y de Ministras, como a ellos, y ellas, les gusta decir). Sánchez ha dejado matemáticamente claro que no pretendía integrar a Podemos en su Gobierno, sino ampliar su Gabinete para que hubiese sitio para todos. Ojalá sea eso todo lo que nos puede pasar, pero me cuesta creerlo.
Vistas las negociaciones, o como quiera que se llamen, que Sánchez llevó a cabo para asegurar su investidura, quedan ahora muchas deudas por pagar. Son, que nadie lo dude, deudas de esas que tenemos que pagar entre todos. Y la primera cuota viene de la mano del Poder Judicial.
Entre los favores que debe Sánchez, no pocos se corresponden con el papel que jueces y fiscales vayan a llevar a cabo con el procés. Al fin y al cabo, ese era el pacto que cerró el acuerdo para la abstención de ERC y, aunque haga solo unas horas que han jurado su fidelidad a la Constitución, si resulta necesario bordearla, se hace.
Con todo esto, tan llamativa es la falta de respeto que el flamante vicepresidente Iglesias tiene para con la Justicia española, como el blindaje que Sánchez ha pretendido con el nombramiento de la ex-Ministra de Justicia como Fiscal General del Estado. Fue Alfonso Guerra el primero que dijo aquello de que Montesquieu había muerto, en una clara referencia al pase a la reserva que el socialismo español ha promulgado siempre acerca de la separación de poderes. Pero Sánchez, lejos de pretender su resurrección, ha decidido incinerarla. Y, por supuesto, con el aplauso y el beneplácito de su socio de Gobierno quien, hace solo unos meses, exigía la dimisión de Delgado por relacionarse con eso que a Iglesias le gusta llamar “las cloacas del Estado”.
Cuando un Gobierno mediocre, siendo generoso en los calificativos, toma sus primeras decisiones asegurando su control sobre el Poder Judicial, puede esperarse de todo. Mucho se habló sobre las presiones que la cúpula socialista hizo sobre la Abogacía del Estado en las semanas previas a la investidura, como tampoco se dudó en desacreditar a la Junta Electoral Central en su fallo sobre la inhabilitación de Torra, para crear así un escenario favorable al acuerdo con los separatistas catalanes. Pero ahora toca asegurar que los peajes se pagan y Sánchez sabe que una Justicia independiente no le va a hacer ese papel. El totalitarismo y el autoritarismo tendrán que hacer el resto del trabajo, aunque vayan a ejercerlo quienes quieren hacernos ver que son los verdaderos garantes de nuestra democracia. ¡Al tiempo!
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