Juan Carlos Galindo. FOTO EPDA El presidente de la Asociación Transparencia, Juan Carlos
Galindo; tras la declaraciones del pasado día 11 por la directora de la
conselleria de Transparencia de la Comunidad Valenciana, Aitana Mas.
Valora que la obligación en el cumplimiento de la Ley de Transparencia,
no es un simple formalismo de “poner calificaciones” y sí, una
herramienta para luchar y prevenir la corrupción.
Con
la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno para los
248 Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, aprobada el 2 de abril
del presente año, ha comenzado un interés por parte de diferentes
empresas y Asociaciones, en ofrecer valoraciones y puntuaciones en
relación al cumplimiento de las instituciones con la transparencia,
donde solo se observa una respuesta hacia un nicho de mercado nuevo y la
venta de sus servicios, sin un ofrecimiento riguroso y contrastado
sobre las evaluaciones que se pretenden realizar.
Asociación
Transparencia tras su reunión el pasado mes de septiembre con la
presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Ester
Arizmendi, coincidió en la necesidad de generar un sistema de evaluación
común para todas las instituciones que les afecte, estatales,
autonómicas y municipales, debiendo ser este Consejo Nacional quien
valore el grado de cumplimiento de las mismas, de forma que se evite
posibles intereses políticos y económicos que tengan como objetivo
atender calificaciones de grado de cumplimiento, lejos del interés que
la propia ley persigue. Según nos recuerda Juan Carlos Galindo: “tanto
Ester Arizmendi, como con Javier Amorós, nos comunicaron que se está
trabajando desde el Consejo de Transparencia en crear los ítems
oficiales para evaluar el cumplimiento con la ley desde las diferentes
Entidades Públicas”.
El
hecho de que sea el propio CTBG quien confeccione los criterios para
evaluar el trabajo por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y
coordine su ejecución, en palabras del presidente de la Asociación
Transparencia, Juan Carlos Galindo: “Es el cumplimiento de
la Ley, la condición por la que tienen que trabajar los Ayuntamientos y
no solo por la calificación que una u otra empresa pueda otorgar. La
calificación que desde el CTBG se realice, no será para penalizar, sino
para conocer las deficiencias en su cumplimiento y ayudar a corregirlas.
Tal y como coincidimos en la pasada reunión que tuvimos con la
Presidenta del Consejo de Transparencia, Ester Arizmendi.”
Desde
la asociación Transparencia, también se analizaron otras cuestiones que
puedan mejorar el grado de cumplimiento con la Ley de Transparencia,
como de la importancia de instalar determinadas herramientas, que estén
encaminadas a laprevención como medida prioritaria en la lucha por erradicar la corrupción.
El apartado dedicado a la educación y formación, fue analizada como
imprescindible para una sociedad de futuro, donde la corrupción, sea
rechazada de forma generalizada para quien pretenda dedicarse al
servicio de la ciudadanía, desde sus instituciones.
La Asociación
Transparencia entiende que las Comunidades Autónomas, tiene su propia
independencia en la gestión del cumplimiento de la Ley estatal o leyes
autonómicas para las distintas instituciones y especialmente
Ayuntamientos de su competencia. Por ello: “Sería estupendo
que todas las Comunidades Autónomas estuvieran trabajando en un frente
común en sus actuaciones a nivel Estatal; respetando las líneas
diferenciadoras que cada Ley Autonómica haya destacado valorar. Es por
ello, que otorgar la oficialidad de criterios de evaluación y
calificación al CTBG, sería un importante paso para caminar con el mismo
criterio en el cumplimiento de la Ley de Transparencia”.
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