Greenpeace
ha presentado hoy sus alegaciones al proyecto de revocación parcial de la orden
en la que se acuerda el cierre definitivo de la central nuclear de Santa María
de Garoña (Burgos), iniciado el pasado 27 de abril por el Ministerio de
Industria. La organización ecologista, además, ofrece la posibilidad a través
de su página web de que todos los interesados también puedan alegar.
"Esta
orden de reapertura de Garoña enriquecerá a los propietarios, sin
contraprestación alguna, ya que se embolsarán más de 1.100 millones de euros
durante los seis años de ampliación de su explotación", ha declarado
Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace. "Pero el
proyecto de ampliación ignora el interés público y de participación de las
personas y obliga a los ciudadanos a asumir los riesgos que los propietarios no
pagarán".
Greenpeace
considera, tras el estudio del proyecto de revocación parcial de la Orden
ITC/1785/2009, que hay diez razones para considerar improcedente la reapertura
de la central nuclear de Garoña:
1.- No
mejora la dependencia energética de España, sino que la perpetúa. Garoña
importa del exterior la totalidad del combustible que utiliza.
2.- No
tiene ninguna incidencia en la seguridad de suministro. En estos momentos hay
sobrecapacidad de generación y Garoña supone menos del 1,2% en el sistema eléctrico
español.
3.- No
ayuda a compensar el déficit tarifarlo actual. La fijación del precio de
generación de la electricidad es el derivado de una subasta en el sistema de
mercado y, por lo tanto, recibe la misma retribución que otras tecnologías.
4.- No
está condicionado por la existencia o no de un cementerio nuclear (ATC), tal y
como demuestra el desmantelamiento de Zorita.
5.- No
tiene en cuenta la limitación que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
establece sobre el tiempo de almacenamiento del combustible gastado en las
piscinas de las nucleares.
6.-
Tiene un efecto negativo sobre la actividad económica porque el
desmantelamiento aumentaría los empleos directos. A lo que hay que añadir la
reactivación de la economía para la cual existen ayudas estatales.
7.- No
se valoran adecuadamente los resultados de las pruebas de resistencia de las
centrales nucleares que realiza la Comisión Europea, por ejemplo, la falta de
establecimiento de requisitos para la gestión de accidentes integrado en el
marco legal español.
8.- No
se menciona que la orden ministerial de cierre fue ratificada por la Audiencia
Nacional y que el proceso judicial no ha concluido, motivo suficiente para
determinar la improcedencia del procedimiento de revocación.
9.- Se
vulnera el principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 9.3 de la
Constitución Española porque todas las consideraciones que se realizan ya
habían sido valoradas para la determinación de la fecha de cierre en 2013.
10.- Se
lesiona directamente el interés público y de defensa de una política energética
y medioambiental determinada. Además, afecta directamente a muchos intereses de
la ciudadanía a la que no se da la posibilidad de participación, tal y como establece
el Convenio de Aarhus.
Por
estas razones, especialmente por la última, Greenpeace pone a disposición de
toda la ciudadanía el proyecto de revocación, las alegaciones que ha presentado
y facilita a través de www.greenpeace.es la posibilidad de participación
pública a todos los interesados que quieran dirigir sus comentarios al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Comparte la noticia
Categorías de la noticia