Incertidumbre sobre el futuro de los centros de atención a la discapacidad de l'Horta Nord

El Consorcio de Servicios Sociales de l’Horta Nord, del que dependen cinco centros dedicados a la atención de personas con discapacidad, organizó un acto para denunciar su situación “crítica” y la “incertidumbre” con la que se enfrentan al futuro inmediato debido a tres cuestiones fundamentales: los impagos de la Generalitat Valenciana, la nueva ley de reforma de la administración local y el sistema de copago que obligará a muchas familias a dejar los centros.

El servicio de atención a la discapacidad tiene una trayectoria de 30 años en la comarca de l’Horta Nord. Lo que empezó como una pequeña red de ayuda nacida de la solidaridad de algunas personas y familias fue adquiriendo mayor envergadura hasta conseguir disponer de cinco espacios como el Centre Ocupacional Pas a Pas de Alboraya, el Centre de Atenció Temprana de Alboraya, el Centre Ocupacional Reina Sofía de Massamagrell, el Centre de Dia de Massamagrell o el Centre de Atenció Temprana de esta localidad.

“La prestación de estos servicios es de vital importancia para la comarca. Hemos logrado tener una atención temprana de calidad, disponemos de centro de día y ahora todo eso está en peligro, lo que genera una problemática muy elevada para los ciudadanos que precisan de este tipo de atención, ya que puede desembocar en exclusión social, aislamiento...”, explicó Pere Mejías, de la asociación de profesionales. El representante de la Asociación denunció que la deuda del Consell asciende ya a 708.780 euros, correspondientes al 60 por ciento de las aportaciones de la partida presupuestaria que se deberían haber transferido en dos pagos durante los meses de mayo y junio. Como consecuencia de estos impagos, según explicaron desde el Consorcio, los trabajadores llevan 4 meses sin cobrar sus nóminas, se han provocado retrasos en el pago a sus proveedores y son los familiares de las personas con discapacidad los que están soportando los gastos de comedor.

El segundo problema que pone en riesgo la continuidad de estos servicios es la entrada en vigor de la reforma de la administración local “por la que es la Generalitat la que asume las competencias y es la que delega o no en los ayuntamientos”, reseñaron. Angels Belloch, concejala de Compromís per Alboraia, consideró que se trata de una cuestión muy importante “porque está en juego el bienestar de los ciudadanos“. Mejías, por su parte, recalcó que “este nuevo escenario parece ir encaminado a privatizaciones que ponen en riesgo la calidad del servicio y la profesionalidad de la atención”.

Finalmente, el copago aprobado por la Generalitat “puede llevar a que muchas familias opten por dejar los centros ante la imposibilidad de poder pagar entre 200 y 400 euros al mes por la atención a sus discapacitados.
Desde la entidad se ha hecho un llamamiento a la comarca -con envío de cartas a políticos y entidades- para evitar echar el cierre.