Inmigración y feminismo en España: basta de hipocresía y falacias

Como director de El Periódico de Aquí, he aprendido que pocas cosas desgastan tanto la convivencia democrática como la hipocresía. Y en España, pocas cuestiones exhiben mejor esa doble vara de medir que el feminismo y la inmigración. Dos debates fundamentales para nuestro presente y nuestro futuro que, sin embargo, demasiados manipulan según convenga a la consigna del día y al partido político de turno.

Por un lado, asistimos a la paradoja de quienes se autoproclaman feministas solo cuando les resulta rentable políticamente. Se envuelven en lemas y pancartas, pero callan —o peor aún, justifican— cuando los casos de machismo, abusos o violencia machista aparecen demasiado cerca de sus siglas o en su propio partido. El daño a la causa es grandísimo y puede costarle electoralmente muchos disgustos al PSOE, que lleva en su ADN el feminismo. La causa más noble se deteriora cuando algunos solo la ejercen a ratos, o cuando toca señalar al adversario y nunca a los propios. El feminismo no puede ser selectivo.

En el extremo opuesto encontramos la hipocresía de quienes convierten la inmigración en un saco en el que cabe todo lo que temen o les molesta. Se criminaliza a colectivos enteros, se magnifican episodios aislados y se alimenta un clima de sospecha que nada tiene que ver con la realidad. Porque la inmensa mayoría de los inmigrantes que llegan a España son personas decentes, trabajadoras, que contribuyen de forma decisiva a la riqueza económica, cultural y humana del país. Sostienen sectores enteros: desde el campo hasta los cuidados, pasando por la hostelería. Son, en muchas ocasiones, quienes hacen posible que este país funcione y que los datos económicos de los últimos años sean muy positivos.

Ahora bien, defender esta verdad —que es la mayoritaria— no implica negar los problemas puntuales. Una sociedad seria debe aplicar la ley con rigor cuando alguien delinque. Y en el caso de inmigrantes en situación irregular, la legislación ya prevé la posibilidad de expulsión en supuestos concretos y garantistas. Es una herramienta legítima cuando se actúa con proporcionalidad y pleno respeto a los derechos humanos. Pero esos casos no pueden utilizarse como arma para criminalizar a todos, porque eso es propaganda, no política.

Denunciar el machismo no debería depender del carné político del agresor. Y hablar de inmigración con seriedad exige reconocer tanto las contribuciones como los desafíos sin caer en la demagogia. España necesita debates honestos, no atajos de hipocresía.