Vicente Boluda. EPDA
El 6 de enero de 2021, el Vicepresidente del Gobierno de España y líder de Podemos, Pablo Iglesias, realizaba el siguiente comentario en Twitter: “Lo que estamos viendo en EEUU es el modus operandi de la ultraderecha: la mentira descarada como arma política y el intento de subversión de los mecanismos institucionales cuando no le son favorables. Frente a su violencia y sus mentiras allí y aquí: democracia y antifascismo”. Se refería Iglesias al asalto del Congreso de los EEUU para impedir que se certificara la victoria del demócrata Joe Biden, asalto alentado por el ex Presidente Donald Trump, que venía agitando el bulo del fraude electoral desde que se produjeron las elecciones que lo echaron de la Casa Blanca.
El asalto trajo consigo cinco muertes, numerosos heridos y daños materiales, por no hablar de la imagen exterior (e interior) de los EEUU, lo que le valió a Trump que varios congresistas demócratas presentaran contra él una solicitud de “impeachment” o juicio político, al entender que con sus manifestaciones había “incitado a la insurrección”, amenazando la integridad del sistema democrático americano. Salvando importantes diferencias, lo que está ocurriendo estos días en las calles de las principales ciudades españolas como consecuencia de la condena e ingreso en prisión de Pablo Rivadulla, más conocido como Pablo Hasél, guarda un cierto paralelismo.
Resaltaba en primer lugar el Vicepresidente, “la mentira descarada como arma política”, en referencia a las continuas denuncias de unas elecciones fraudulentas del ex Presidente Trump, lo que como sabemos no tenía ninguna base real. En el caso del rapero, la falacia promovida hasta la saciedad por el líder del partido morado y varios dirigentes políticos, es hacer creer a la sociedad que éste ingresa en prisión por hacer uso de su libertad de expresión, beatificándolo como una suerte de víctima del sistema judicial (y policial) corrupto al servicio de los poderosos, de las “cloacas” del estado. La realidad, sin embargo, es bien distinta: Hasél fue condenado no sólo por injuriar a la Corona, sino sobre todo por enaltecimiento del terrorismo. Y arrastra otras tres condenas: una por hechos similares, que le supuso una pena de dos años de prisión y que le fue suspendida (aunque previsiblemente tendrá que cumplirla al volver a delinquir); y otras dos por agresión que todavía no son firmes, una por agredir a un periodista de TV3 por la que le impusieron seis meses de prisión, y la otra por pegar a un testigo contrario en un juicio de un amigo suyo, por la que le condenaron a dos años y medio de prisión. Además, tiene pendiente un juicio por el intento de asalto (vaya, ¡qué casualidad!) a la sede de la Subdelegación del Gobierno en Lleida. Es por estos motivos, y no otros, por los que se le deniega la suspensión de la pena y se ordena su ingreso en prisión.
Volvamos al caso americano. Para el líder podemita, las declaraciones de Trump tuvieron un efecto directo en lo que en su tuit calificó como “el intento de subversión de los mecanismos institucionales” por los seguidores del ex Presidente, esto es, el asalto al Congreso de los EEUU. En España, todos hemos podido ver lo que ha sucedido tras el ingreso forzoso en prisión (no lo hizo voluntariamente) de Pablo Rivadulla: radicales cortando calles, quemando contenedores, rompiendo cristales, robando en tiendas, atacando a la policía (incluso con llamamientos a agredirles de camino a sus casas) y un largo etc. Pero, ¿hubo aquí aliento a la insurrección por responsables políticos? Desde luego que sí. A modo de ejemplo, señalar las palabras del portavoz del partido morado, Pablo Echenique, en un tuit tras las primeras manifestaciones: “Todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol. La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada y se deben depurar responsabilidades con contundencia”. Dicho de otro modo, los radicales quema-contenedores eran manifestantes pacíficos, Hasél había sido condenado injustamente por hacer uso de su derecho y los policías, los violentos. Declaraciones que, lejos de calmar el ambiente, incitan a los radicales a continuar con los disturbios.
Las palabras de aliento a la insurrección por los radicales de todo un Vicepresidente del Gobierno, así como muchos otros responsables políticos (de Podemos o la CUP) que no condenan sin ambages los actos violentos, manteniendo la santidad de quien es un consumado delincuente, no sólo es execrable sino que merece un reproche contundente, si no judicial, cuanto menos político. Y si bien ya sabemos lo que ocurrió con el “impeachment” a Trump, algo que se veía venir al ser un juicio político y, por tanto, sometido a intereses que nada tienen que ver con la Justicia, al menos tuvo que rendir cuentas por sus actos ante la institución del estado que semanas antes sus simpatizantes habían asaltado.
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