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Investigan a 9 trabajadores de una empresa de Zona Azul por estafa continuada en Calp (Alicante)

Esas supuestas irregularidades se habrían estado llevando a cabo durante más de un año, lo cual podría haber causado a los usuarios "un grave perjuicio económico, aún por determinar, de varios miles de euros"

EFE - 08/10/2019

Imagen de un parquímetro. EFE/Archivo

La Guardia Civil investiga a nueve trabajadores de una empresa encargada de controlar los estacionamientos de la Zona Azul (ORA) en Calp (Alicante) por ser los presuntos autores de una serie de delitos continuados de falsedad documental y estafa a raíz de las denuncias que tramitaban.

El instituto armado detectó a principios del pasado mes de marzo varias posibles irregularidades relacionadas con la confección de los boletines-denuncias por parte de los investigados, todos ellos de nacionalidad española, según han informado este martes fuentes de la Guardia Civil en un comunicado.

Esas supuestas irregularidades se habrían estado llevando a cabo durante más de un año, lo cual podría haber causado a los usuarios "un grave perjuicio económico, aún por determinar, de varios miles de euros", señala la nota de prensa.

Los agentes de la Guardia Civil han determinado que muchas de las denuncias interpuestas por estos empleados investigados "solamente habían sido supervisadas o comprobadas por un solo controlador", cuando es "requisito indispensable que la infracción en cuestión sea corroborada o adverada in situ por, al menos, dos controladores", explica el comunicado.

El único empleado presente en la infracción emitía un boletín-denuncia con dos firmas, alegando falsamente la supuesta corroboración del segundo operario, para que la denuncia no pudiera ser recurrible o anulada.

Las pesquisas también han revelado que estos trabajadores muchas veces no dejaban el boletín-denuncia físico en el parabrisas del vehículo, lo que provocaba que la denuncia llegase directamente a través de SUMA, es decir, siendo su pago obligatorio.

El móvil de esta mala praxis llevada a cabo supuestamente por los controladores investigados sería el aumento del número de denuncias para incrementar el beneficio económico y propiciar un ahorro en costes en la contratación de más personal para realizar esas comprobaciones legalmente, acordes a lo establecido en la legislación vigente.

Al parecer, y según se desprende de las manifestaciones recogidas durante las indagaciones, "existían órdenes concretas de dos de los jefes/encargados de la empresa para que se actuara de esta forma fraudulenta, amenazando a los trabajadores con el despido, en caso de insubordinación", asegura el comunicado de la Guardia Civil.

Además de los delitos continuados de falsedad de documento público, los agentes han constatado la comisión de un delito continuado de estafa, ya que en la redacción de las denuncias se actuaba mediante engaño y falsedad, según el instituto armado.

Las nueve personas investigadas -cinco mujeres y cuatro hombres, de edades comprendidas entre los 33 y los 61 años- han quedado en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, a la espera de juicio.

Muchas de las víctimas de esta presunta estafa ya han sido informadas de la existencia de la apertura de un procedimiento judicial para que se personen como interesadas y, así, puedan reclamar una posible indemnización.

La Guardia Civil no descarta que estos hechos pudieran haberse producido "también en otros municipios en los que esta empresa preste sus servicios".

En el comunicado, el instituto armado ha destacado "la inestimable colaboración" del Ayuntamiento de Calp "a la hora de aportar los datos y archivos requeridos por los agentes, necesarios para el desarrollo de la investigación".

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