Reunión con los colegios profesionales. ABULAILA La
Diputación de Valencia ha renovado el convenio que mantiene con 16
colegios profesionales, cuyo principal objetivo es conseguir una
acción coordinada entre la institución y los distintos colegios
profesionales que permita que los ayuntamientos, mancomunidades y
entidades locales con menor capacidad económica y de gestión puedan
utilizar los servicios de estos técnicos especialistas. La
institución provincial destina a este fin 1.600.000 euros anuales.
En
palabras del presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, “este
servicio que prestan arquitectos, ingenieros, arqueólogos o técnicos
medioambientales, entre otros profesionales, nos parece cada vez más
esencial para esos municipios de menos de 5.000 habitantes que sin la
Diputación no podrían avanzar”. “Lo único que tenemos claro es
que no dejaremos de lado ni a los municipios ni a los colegios
profesionales y que seguiremos prestando el servicio”, ha añadido
Rodríguez en referencia al conflicto abierto con Inspección de
Trabajo en relación al régimen laboral de estos técnicos.
El
presidente de la Corporación provincial y la diputada de
Asesoramiento Municipal, Conxa García, han aprovechado la firma de
los convenios para reunirse con los responsables de los 16 colegios
profesionales y exponerles la actualidad del conflicto con Inspección
de Trabajo, que mantiene abiertos 187 procesos que acabaran en
sentencia y que marcarán la futura concepción de un servicio que,
según la diputada, “se ha venido desarrollando durante 31 años
bajo esta fórmula de contratación de técnicos autónomos sin
ningún tipo de problema”.
En
ese tiempo, sólo hubo dos denuncias de Inspección de Trabajo, a los
ayuntamientos de Caudete y Fuenterrobles, que se resolvieron de forma
favorable a los ayuntamientos con sendas sentencias del TSJCV de 2009
y 2010, lo que “provocó que se siguiera empleando de buena fe esta
fórmula del régimen de autónomos que prestan sus servicios en
varios ayuntamientos un par de horas a la semana”.
Conflicto
con Inspección de Trabajo
Sin
embargo, esta asistencia técnica que en 2016 solicitaron 173
ayuntamientos, 9 mancomunidades y un consorcio, y que conlleva la
prestación de servicios de 493 técnicos en estos municipios,
gracias a los convenios entre la Diputación y los colegios
profesionales, se ha convertido de la noche a la mañana en un
problema. “Somos la primera Diputación que en 32 años se
encuentra con este problema”, asegura Jorge Rodríguez, que pese a
la curiosidad del tema apuesta por “seguir prestando el servicio y
buscar un modelo alternativo si los tribunales consideran que debemos
hacerlo”.
Cada
ayuntamiento tiene acceso a solicitar los servicios de un máximo de
tres técnicos especialistas, con los que se formalizan contratos de
naturaleza administrativa que son costeados entre el propio colegio,
los ayuntamientos y la Diputación, que transfiere su parte a los
consistorios para que estos hagan efectivo el pago. Cada técnico
viene a percibir por esta tarea en distintos ayuntamientos entre
4.000 y 6.000 euros más IVA anualmente.
En
este sentido, la diputada de Asesoramiento Municipal, Conxa García,
ha explicado que “a la Diputación le da igual que estos técnicos
sean contratados como autónomos o a través del Régimen General,
como nos pide la Inspección de Trabajo, porque las subvenciones que
da esta institución seguirán siendo las mismas”. Pero la diputada
advierte que el cambio de modelo afectaría a los técnicos
colegiados, porque “si son dados de alta en el Régimen General no
podrían prestar sus servicios a más de un ayuntamiento, aunque
fuera una hora a la semana”.
Por
el momento, las cerca de 180 denuncias presentadas por Inspección de
Trabajo se han traducido en tres sentencias de distintos juzgados,
dos de las cuales han dado la razón a los ayuntamientos de Alborache
y Yátova, considerando que los técnicos que prestan allí sus
servicios son autónomos, y una tercera que considera que el abogado
que presta sus servicios en el Ayuntamiento de Potries mantiene una
relación laboral con el Consistorio, que debería por tanto darlo de
alta en el Régimen General.
Desde
la Diputación no se acaba de entender este proceso que “va contra
los ayuntamientos, que necesitan este tipo de asistencia no tanto
para ellos como ente sino para resolver problemas que tienen sus
ciudadanos y que por sí solos no pueden cubrir económicamente los
ayuntamientos”. No obstante, y en espera de nuevas sentencias que
pueden seguir resultando “contradictorias”, la Corporación ha
ofrecido asistencia jurídica a estos consistorios y ayudará a
aquellos con sentencias desfavorables que les puedan acarrear un
perjuicio económico.
Por
su parte, los decanos y presidentes de los colegios profesionales han
puesto en valor estos convenios con la Diputación que “no sólo
promocionan nuestros colegios y a sus profesionales, sino que ofrecen
un servicio imprescindible para los ciudadanos, pues ellos son los
principales beneficiarios de la gestión de los ayuntamientos, que en
la mayoría de casos, cuando hablamos de pequeños municipios, no
podrían disponer de esta asistencia profesional y especializada”.
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