Joaquim Bosch visita la Fosa 113 de Paterna. EPDA La apertura de
una fosa común en Paterna y la judicialización de la
investigación representan un paso adelante de gran
relevancia para las víctimas del franquismo. Dicha
exhumación permitirá a los familiares recuperar los restos
de sus parientes después de muchas décadas de inactividad
estatal.
Desde Juezas y
Jueces para la Democracia siempre hemos apoyado los derechos
de las víctimas de la dictadura. Y seguimos recordando que
el gobierno central continúa incumpliendo sistemáticamente
la Ley de la Memoria Histórica, al haber frenado las
exhumaciones de las decenas de miles de personas asesinadas
por el régimen franquista. El gobierno no solo actúa con
inhumanidad manifiesta, sino que prefiere mirar hacia otro
lado ante los continuos reproches de la ONU, que está
censurando constantemente el incumplimiento de las
obligaciones internacionales del Estado español en materia
de derechos humanos. Resulta paradójico que en los
presupuestos generales del estado hayan desaparecido las
partidas para exhumar a las víctimas de las fosas, mientras
que mantener el Valle de los Caídos, donde se encuentra la
tumba del dictador, cuesta a la ciudadanía cerca de un
millón de euros al año.
El portavoz de la
sección valenciana de Juezas y Jueces para la Democracia,
Joaquim Bosch, acudió en la tarde de ayer al lugar donde se
desarrollan los trabajos de exhumación, como muestra de
apoyo a los derechos de las víctimas del franquismo (en la
imagen, con Santi Vallés, presidente de la Asociación de
Familiares de las Víctimas de la Fosa 113). Y recordó que
esta situación resulta inconcebible en cualquier país
europeo, pues no sería admisible que en Alemania o en Italia
hubiera decenas de miles de demócratas en fosas comunes tras
haber sido asesinados por el nazismo o el fascismo.
Debemos recordar
que las 15 víctimas de la fosa común de Paterna fueron
asesinadas por razones políticas, en procedimientos sin
garantías jurídicas que llevaron adelante los órganos
ilegítimos del franquismo. Y, posteriormente, sus familias
ni siquiera tuvieron la posibilidad de recoger sus restos
mortales para darles digna sepultura. Por ello, con estas
actuaciones se está reparando una injusticia histórica,
perpetrada en el ámbito de gravísimos crímenes contra la
humanidad. Debemos valorar muy positivamente el apoyo
institucional a esta exhumación por parte de la Diputación
Provincial de Valencia, que intenta suplir la pasividad
culpable del Gobierno central. También resulta impecable la
actuación judicial de la magistrada titular del juzgado de
instrucción nº 2 de Paterna. Y, especialmente, queremos
mostrar nuestra solidaridad con las víctimas de la dictadura
y con sus familiares para que puedan obtener la reparación
necesaria ante las graves violaciones de derechos que se
produjeron durante el franquismo.
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