Juicios y sentencias Made in Spain

El protagonismo del poder judicial en España es indudable y continúa siendo de palpitante actualidad sin apartarse de “esa dependencia doméstica del poder político” definida por el  almeriense juez y político del Partido Socialista Popular (PSP) Joaquín Navarro Estevan quien aseveró al ser entrevistado por Mariló Hidalgo: “Mire, aquí el Poder cree tener derecho a la impunidad y no tolera el control (…) en España hablar claro sigue siendo una aventura, quizá demasiado peligrosa, pero sin duda necesaria (…) estamos huérfanos de capacidad de lucha”. Una vez instalada la omertà en estamentos de poder, de golpe y porrazo, los derechos del pueblo son una bagatela. ¿Cuántas veces y en qué casos se ha evitado la vista pública? Artilugios punitivos, contenciosos, represores en el último año de vida del dictador Franco (1975), son recogidos por  Jesús de las Heras y Juan Villarin siendo ilustrativos de ramalazos perpetuados: “El juzgado de Orden Público de Pamplona procesa a ocho trabajadores de “Potasas de Navarra” a los que acusa de delitos de sedición”. “Tres trabajadores zaragozanos ingresan en prisión bajo la acusación  de reparto de propaganda clandestina”. “En Consejo de Guerra celebrado en Las Palmas, cinco saharauis son condenados a seis años de cárcel por delito de insulto a las Fuerzas Armadas”. 

¿Cómo evitar el excelso criterio subjetivo en hechos que al análisis de otras revisiones  no son demostrativos de comisión de delito? ¿A qué tanta carga académica semántica en sentencias y alegatos? ¿Qué pasará cuando la  inteligencia artificial domine los procesos? ¿Puestos laborales al garete? Economía, religión, género, cultura, especie, sexo, política, poder, acuerdos  con el Vaticano, intereses  educacionales, sanitarios, salud mental, orbe artístico y todo cuanto pase por el cedazo de la Justicia se acoplará a visos propios de quienes alimenten la próxima versión tecnológica disciplinaria. Los hechos ocurrieron “sin la debida orden judicial” durante el desalojo del colectivo y de personas acogidas en un edificio céntrico de Valencia. “El edificio estaba abandonado le dimos un uso social, transformándolo en un albergue y en un banco de alimentos”. 

Fanny una mujer que trabajaba de limpiadora, al quedarse  sin trabajo  porque no le pagaban, relata la traumática experiencia y el encierro policial, “su delito  era estar durmiendo allí porque no tenía casa, cuando me llevaron  a Esperanza Obrera me dieron la cena de Navidad, me acogieron con educación, con respeto y con alimentos”. El nueve de noviembre de dos mil veintitrés se llevó a cabo el juicio, “se les acusa  injustamente de resistencia a la autoridad. Un par de años  después se pide pena de cárcel para las personas imputadas”. En la sala D1 de los Cines ABC Park  se proyectó el documental “Resistir para vencer: la historia de la Esperanza Obrera”, filmado  de forma amateur, donde se muestran los hechos que, en la octavilla de presentación expone, acaecieron el día de autos reseñando la motivación explicita  de la represión: “persiguiendo la incipiente oposición política que surgía en ese momento”. La bandera republicana del movimiento comunista ondeaba en la fachada del inmueble desalojado sede de una antigua sucursal financiera y propiedad de “uno de los grandes caseros del cap i casal por los muchos inmuebles que tienen. (…). Uno de ellos, el situado en la céntrica calle Pintor Sorolla (…) ocupado en marzo de 2021”, según artículo de Luis A. Torralba. “Absolución encausados. Repartir comida no es un delito. Fuimos víctimas de un montaje”. ”Los policías no se identificaron, iban de paisano, en ningún momento pensé que eran policías” relata Fanny quien del calabozo de la Ciudad de la Justicia donde quedó retenida no olvida que hacía “frío, muy sucio y yo descalza”. Aquél día se había previsto repartir doscientos  lotes de alimentos a personas que hacían cola a la puerta  del edificio. ¿Dónde quedaron las promesas de un albergue hechas a las personas allí refugiadas, “dónde acomodarán a familias sin hogar”? “Queremos que el trabajador adquiera esa conciencia de clase. La Generalitat nos denunció por lo penal”. Hecha pública la sentencia se condenaba a “siete meses de cárcel y a elevadas penas de multa” a tres de los cuatro encausados quedando uno absuelto, “la mujer de 60 años  que se encontraba acogida en nuestro albergue” ha sido condenada. “El juez rechazó todos los testigos que presentamos  con anterioridad al juicio, así como nuestros partes médicos y los vídeos y fotos (…) Por parte de nuestro equipo legal  se recurrirá la sentencia, seguiremos organizándonos, parando desahucios, repartiendo comida”. A día de hoy, mediante un documental autofinanciado es posible narrar lo que por otras vías no se consigue. “Resistir para vencer: la historia de la Esperanza Obrera” se proyectó a una semana del juicio. “Que se les caiga la cara de vergüenza. Nosotros no nos resistimos no somos gilipollas”. ¿Cómo un juez dictó un auto de desalojo justo cuando  “habían unos decretos  que limitaban los desahucios” por pandemia? “Un auto que recurrieron por mediación de su abogada Luisa Ramón y fue aprobado por el fiscal”, según se lee en “El Enclave”. Ramón  especificó que “el fiscal nos apoyó, pese a todo se produjo la intervención “manu militari” y “a base de golpes, arrastrones, y de engaños para entrar en el local, se desalojó ese mismo día”. Al final todo devino en juicio por supuestas agresiones y resistencia a la autoridad pidiendo “penas de cárcel por delito de resistencia y penas de multa por delito de lesiones contra los agentes”  declara Ramón quien también fue abogada de la acción popular en una de las partes acusadoras del caso del crimen de Alcàsser. 

Siguiendo con los datos recopilados en “El último año de Franco” mencionar que “Por presunto delito de propaganda ilegal  es juzgado ante el TOP (Tribunal de Orden Público) el poeta Carlos Álvarez (encarcelado por antifranquista, cantado por Ana Belén, Rosa León y Luis Pastor)”. “El director del semanario “Destino” es juzgado en Barcelona. Se le acusa de atentado a la moral por la publicación en su revista de un artículo sobre el aborto”. También ese mismo año “Las asociaciones  de amas de casa se pronuncian contra la detención de cinco asociadas que son arrestadas en Madrid por la Policía”. “Cuarenta y cuatro artistas españoles entre los que se cuentan Genovés y Joan Miró, solicitan la puesta en libertad del pintor Agustín Ibarrola (por actividades comunistas), en telegrama que dirigen al gobernador civil de Bilbao”.  “Dos estudiantes detenidos en El Ferrol, ingresan en prisión, bajo la acusación de implicación en un grupo dedicado a la distribución de propaganda subversiva”. De todo ello se trasluce que el sable se blande para segar las gargantas de siempre.   

¿Por qué en litigios donde existe prueba grabada por parte de la defensa esta se desestima? Hay que ponerse  al día  para que la tecnología no saque los colores  a los tribunales. ¿Pasa algo cuando  se comete delito de omisión del deber de socorro a nivel Administración? Tal es el caso de las siete mil doscientas noventa y una víctimas de los cuatro “protocolos de la vergüenza” del gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid durante la pandemia de Covid. “Hay que investigarlo y juzgar a los responsables” reclaman desde Marea de Residencias “pese  a que las puertas de los tribunales se han cerrado  en numerosas ocasiones  para las víctimas de la gestión, casos cerrados en la instrucción, archivados, ineptitud, incomparecencia de testigos, rechazo de denuncias”, a lo que cabe  añadir lo escrito por el citado magistrado Navarro Estevan: “Nada hay más antijurídico que la irracionalidad, el abuso, la coacción y el torticerismo moral”. A nivel nacional “después de 35.000 muertes de personas mayores, las víctimas y familiares  solo han recibido opacidad por parte de la Fiscalía y ausencia  de justicia en los tribunales”  titula  su artículo  Amnistía Internacional.

¿Cuántas iniquidades quedan sin juzgar por no personarse ningún miembro de la fiscalía como acusación?  En abusos a menores por parte del clero y otros impunes especímenes, ¿dónde está la Fiscalía? “En la estructura judicial, algunos fiscales y, mayormente, magistrados,  se han ocupado de apurar los límites protectores de la presunción  de inocencia  para absolver a clérigos libidinosos por falta de pruebas”, redacta el periodista y conferenciante Pepe Rodríguez. ¿Cómo admitir que existan  personas apresadas en un CIE sin  delito, o en cárceles flotantes por migrar? ¿Existe caso para ir por la vía judicial cuando el bullying inmobiliario lo realiza  una entidad financiera, empresas constructoras, promotoras inmobiliarias o fondo de inversión o sólo es perder vida y dinero? ¿Cómo es posible que en un país europeo tengan recluido en prisión preventiva durante dos años, se cumplirán el veintiocho de febrero, a un periodista sin trascender acusación, violando los derechos fundamentales firmados por los países de la Unión Europea y por supuesto Polonia? ¿Absoluciones metafísicas para delitos de cuello  blanco? El caso Erial, ramificación de la trama Gürtel (corrupción política  vinculada al Partido Popular), vuelve a la escena en febrero. ¿Dilaciones indebidas a medida? ¿Cuántos conflictos de competencia  o simplemente  familiaridad eluden encausar?  Mujer  y diversidad  son víctimas propiciatorias en multitud de países sentenciado penalmente abortos, homosexualidad o cualquier disidencia inconveniente para autocracias, teocracias, democracias de medio pelo,  dictaduras, oligarquías y su boyante plutocracia, tiranías, monarquías, despotismo, partitocracias y un sinfín de versiones del mal. El matemático estadounidense William Edwards Deming autor de la metodología “planear, hacer, verificar y actuar”  sentenciaría: “Confiamos en Dios, pero todos los demás tienen que aportar pruebas”.