Justicia niega que la muerte del infartado en la Ciudad de la Justicia de València se deba al fallo del desfibrilador

La muerte por infarto en la Ciudad de la Justicia de València de un acusado en un juicio no se debió a que no funcionara el desfibrilador, porque el afectado recibió desde el primer momento toda la ayuda médica necesaria, según la Conselleria de Justicia, que asume un fallo en cadena que afectó al aparato.

Fuentes de este departamento han apuntado este martes esa afirmación aunque con todas las cautelas, a la espera de la autopsia de la muerte ocurrida el pasado día 17 y de la investigación abierta para esclarecer este punto por parte de la fiscalía.

En un encuentro con medios de comunicación, fuentes de la Conselleria han asumido fallos técnicos y políticos en relación con este asunto y han anunciado que la investigación reservada que han puesto en marcha derivará en la depuración de responsabilidades, que en principio podrían apuntar a la anterior directora general de Justicia de la Generalitat, Verónica López.

Falló la tecnología, pero no los medios humanos previstos para asistir a estos casos en la sede judicial, los médicos forenses, dos de los cuales estuvieron a disposición del infartado hasta que, once minutos después del ataque al corazón, llegó el SAMU.

Nada permite afirmar que la Administración es responsable de esta muerte, han señalado las fuentes de la Consellería, que han añadido que, de ser otra la conclusión de la fiscalía, se asumirían las consecuencias.

Desde Justicia, en todo caso, asumen que hubo un fallo en cadena que comienza, sospechan, en la empresa adjudicataria de los desfibriladores, que al parecer pudo equivocarse en las baterías que alimentaban al aparato, lo que podría tener relación directa con el hecho de que estuvieran agotadas el pasado jueves.

Las fuentes han señalado que se han comprado nuevos desfibriladores y que no se ha contado con aquella empresa.

El segundo fallo consiste en que un aparato cuyas pilas no eran las correctas dejó de ser revisado a partir de noviembre de 2016. El contrato de mantenimiento acabó entonces y, aunque hasta noviembre de 2019 no era prescriptivo volver a hacerlo y, un año más tarde, cambiar las pilas, de haberse revisado en este tiempo el problema habría saltado. Es decir, de no haber sucedido el incidente del pasado jueves, el desfibrilador habría seguido inutilizado.

Esa falta de vigencia del contrato de mantenimiento fue puesta en conocimiento del gerente de la Ciudad de la Justicia, Miguel Furió, quien a su vez lo comunicó, en abril de 2018, y por escrito, a la Dirección General de la Consellería de Justicia de la que era titular Verónica López, quien ya no ejerce el cargo.

Ella sería la primera posible responsable política de este asunto de seguir en el cargo, han señalado las fuentes. Como ya no está en el puesto, no ha sido consultada ni podría ser cesada si sus explicaciones no fueran convincentes.

Pero los fallos no quedaron ahí: los nuevos contratos de seguridad firmados por la Consellería después de 2016 no incluyeron el mantenimiento de los desfibriladores de las ciudades de la Justicia de València, Castelló y Alicante, otra posible vía de solución del problema que tampoco funcionó. Y era necesario, porque el desfibrilador de Castelló ha sido revisado y al parecer tampoco funcionaban sus pilas.

Justicia ha instalado nuevos desfibriladores en sedes de Alicante, Elche y Benidorm, en Castelló y en la Ciudad de la Justicia de València.