Natalia Antonino. Muchas
han sido las iniciativas y reivindicaciones llevadas a cabo por el
partido socialista en materia de Dependencia.
Hasta
que el gobierno de Zapatero aprobó la ley de dependencia en 2007 las
familias con personas dependientes tenían que afrontar prácticamente
solas los ingentes esfuerzos y gastos necesarios para el cuidado de
su familiar.
Con
la aprobación de esta Ley 750 mil familias obtuvieron ayudas, y aún
en plena crisis económica los socialistas mantuvimos las
aportaciones presupuestarias pertinentes para garantizar la
continuidad de estas prestaciones.
Con
el cambio de gobierno, el PP ha ido poco a poco recortando,
ralentizando los trámites burocráticos y desmantelando la ley,
incluso modificándola a golpe de decretazo sin ningún consenso,
dejando a muchísimas familias expulsadas del sistema y encaminando
la política de Dependencia hacia un modelo residencial en beneficio
de entidades privadas.
En
el caso de la Comunidad Valenciana al entorpecimiento y boicot que
sistemáticamente ha practicado la Generalitat a la Ley de
Dependencia, se suma un importante recorte económico debido a los
despilfarros que ha dificultado más si cabe su cumplimiento; siendo
al final, las personas dependientes los directamente afectados por
esta deficiente gestión e insuficiencia presupuestaria.
Con
el cambio de Gobierno encabezado por Ximo Puig como presidente de la
Generalitat las cosas han cambiado, esta semana conocíamos por la
prensa que se ha pagado casi 16 millones de euros para un total de
24.081 personas, en concepto de prestaciones económicas por
cuidadores no profesionales y de prestaciones vinculadas a la Ley de
Dependencia, poniéndose al día en el pago mensual de las
prestaciones económicas por que desde 2012 se venían cobrando con
dos meses de retraso.
Asimismo,
se ha realizado el pago de 2'3 millones de euros en concepto de
derechos reconocidos a herederos por retroactividad en las
prestaciones de cuidadores no profesionales de 379 personas
dependientes ya fallecidas, porque para este
gobierno, lo primero son las personas, especialmente los colectivos
de más vulnerabilidad.
En
nuestro municipio las cosas también han mejorado desde
mayo de 2015.
Se
ha eliminado el copago para los usuarios de centros ocupacionales así
como para los usuarios de centros de día de personas mayores, se han
puesto al día en el pago de las prestaciones económicas, cobrando
las prestaciones del 1 al 5 de cada mes, se están abonando los
atrasos y deudas pendientes de personas fallecidas, se están
abonando en pago único los atrasos diferidos de prestaciones al
cuidador de expedientes en vigor que el gobierno del PP aplazó a
abonar en 4 años. Los expedientes que se están resolviendo en la
actualidad, están reconociendo los efectos retroactivos abonándose
dichas cuantías en pago único. Se han revisado de oficio las
cuantías económicas de las prestaciones, viendo muchos un aumento
de las mismas. Se están resolviendo de forma paulatina los
expedientes de grado 1. Se ha incluido en
el catálogo de recursos la prestación al cuidador, situación que
ha generado un aumento de demanda de nuevas solicitudes, cambio de
recurso y revisiones PIA.
Por
lo que puedo decir que se ha hecho justicia para los dependientes.
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