El exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y excargo del PP Serafín Castellano, en una imagen de archivo. EFE/Manuel Bruque El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia ha archivado la causa
abierta por las adjudicaciones concedidas desde varias Consellerias que
fueron dirigidas por Serafín Castellano a las firmas de un empresario y
amigo ya fallecido, José Miguel Pérez Taroncher.
Según consta en
un auto del citado juzgado, facilitado por el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el juez hace suyo el
criterio de la Fiscalía y rechaza las alegaciones esgrimidas por la
Abogacía de la Generalitat, que pretendía mantener vivo el proceso.
Tras
diversos archivos parciales, los hechos objetos de investigación
quedaron circunscritos a las adjudicaciones concedidas a las empresas
Construcciones Taroncher y Asociados SL y Construcciones DV 4 por las
Consellerias de Sanidad, Gobernación y Justicia durante el tiempo en que
Castellano ocupó los cargos de conseller.
El primer periodo
comprendería desde el 23 de mayo de 2000 hasta el 21 de junio de 2003,
cuando Castellano era conseller de Sanidad.
Tras indicar que el
año 2000 carece ya de relevancia penal, el juez informa de que en los
años posteriores se han examinado los expedientes de contratación y se
observa que el 47,83 % de los contratos fueron tramitados por
procedimiento negociado o abierto, y uno por enriquecimiento injusto.
El
resto fueron contratos menores y la misma Intervención de la
Generalitat concluye que "no se obtiene evidencia documental suficiente
para apreciar la existencia de un fraccionamiento de contratos al objeto
de evitar la pública concurrencia".
La segunda etapa investigada
corresponde al periodo 2004-2010, durante la cual Castellano no ostentó
la titularidad de la Conselleria de Sanidad, a pesar de lo cual las
firmas del empresario Taroncher obtuvieron contratos por 4,1 millones de
euros.
"Dado que en aquel momento Castellano no era titular de
la Conselleria, no es posible atribuir a dichas contrataciones indicios
de criminalidad, ya que fueron decididas por un tercero ajeno a este
procedimiento y sin vínculos personales con el empresario".
No
obstante lo anterior, si se compara la evolución de los contratos entre
ambas etapas -indica el juez en su escrito- "tampoco se observa una
variación relevante en el volumen de adjudicaciones entre una y otra que
permitan anudar en el primer periodo la estrecha amistad del
contratista con el órgano de contratación".
"Es más -subraya el
juez- en esta segunda etapa el 22 % de los contratos se tramitaron por
medio de procedimiento negociado o abierto, el 44 % se satisfizo
mediante expedientes de enriquecimiento injusto y el resto, una cifra
similar a la de la primera etapa, se tramitó como contrato menor. Por lo
tanto, el análisis de las contrataciones de este segundo periodo
refuerza la legalidad de las del primero, excluyendo indicios de
criminalidad".
La tercera etapa correspondería al periodo
2007-2008, cuando desde la Conselleria de Gobernación se adjudicaron a
las referidas empresas contratos por 171.034 euros.
En estas
operaciones, según la Intervención de la Generalitat, "se constata la
concurrencia de todos los requisitos que definen la existencia de
fraccionamiento de contrato".
Sin embargo, el juzgado considera
que "no todo fraccionamiento de contratos debe ser calificado como
irregular y reconducido a la vía penal. En el ámbito administrativo, el
fraccionamiento de contratos está permitido, debiéndose atender o no a
la unidad funcional de las prestaciones objeto de los distintos
contratos para calificarlo como fraudulento".
En consecuencia, el
juez concluye que "no se ha constatado, como exige la jurisprudencia,
la existencia de interés espurio que acredite que la autoridad o
funcionario administrativo actúa con plena conciencia de que resuelve al
margen del ordenamiento jurídico, por lo que no disponemos de indicios
suficientes para considerar estas contrataciones como constitutivas de
ilícito penal".
Por otra parte, Castellano, que también ocupó el
cargo de delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, está
investigado en una causa que dirige la Audiencia Nacional sobre el
supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios, una supuesta
responsabilidad en la que habría incurrido durante su etapa como
responsable de la Conselleria de Gobernación.
A raíz de esta
causa, una operación policial derivó en la detención de Castellano y
otros procesados en enero de 2016, cuando se descubrió que esta presunta
trama de amaños afectaba a seis comunidades autónomas (Comunitat
Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha y
Extremadura).
A los investigados se les imputan los delitos de
organización criminal, malversación de caudales públicos, cohecho,
prevaricación y falsedad en documento público, entre otros.
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