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JUSTICIA

La Audiencia advierte sobre la dilación de la instrucción del caso Imelsa

Se analizan adjudicaciones como las obras de limpieza y acondicionamiento de la fachada de la Lonja de València, las Torres de Quart y dos puentes históricos de la ciudad

EFE - 05/09/2019

Operarios trasladan documentación que los servicios jurídicos de la Diputación de Valencia. EFE

La sección cuarta de la Audiencia de València ha reprochado al titular del Juzgado de Instrucción número 18 de València la excesiva dilación en la instrucción del caso Imelsa, concretamente en una de sus piezas, la E, donde se analizan contratos que autorizó María José Alcón como concejala de Cultura.

En esta pieza, abierta por los delitos de cohecho y prevaricación contra una decena de investigados, se analizan adjudicaciones como las obras de limpieza y acondicionamiento de la fachada de la Lonja de València, las Torres de Quart y dos puentes históricos, todo ello autorizado por Alcón, fallecida en junio de 2018.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Audiencia Provincial recuerda que la instrucción de esta pieza está prorrogada desde enero de 2017, cuando se declaró compleja la causa hasta el 12 de febrero de 2018.

Días antes de que se extinguiese este plazo, el 8 de febrero de 2018, el fiscal interesó una nueva prórroga, que fue acordada por el citado Juzgado más de un año después, el 29 de marzo de 2019.

Varios de los procesados en esta causa presentaron recursos contra esta ampliación del plazo de instrucción, y aunque finalmente se han desestimado, en su auto la sección cuarta admite que "la situación es bastante peregrina", que "parece que no se ha hecho nada en la pieza E" y que "la dilación es patente".

"No obstante, como quiera que la petición de prórroga estaba realizada en plazo y las disfunciones de los tribunales no pueden perjudicar a la parte, no es contrario a derecho que se acuerde lo que bien es dado y que se alzará el próximo 12 de agosto", expone la sala.

La instrucción, sin embargo, tampoco se agotó el pasado mes de agosto, puesto que el día 5, una semana antes de que expirase el plazo, la Fiscalía Anticorrupción volvió a reclamar que se ampliase un año.

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