El pasado 12 de marzo, dos días antes de declararse el estado de alarma, el tribunal celebró la última jornada de este juicio, en el que hay más de una veintena de acusados, entre ellos el ex director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno, para quien la Fiscalía pide 40 años de prisión.

Juan Cotino, que también fue director general de la Policía, era uno de los principales acusados y llegó a declarar en el juicio, donde negó que participara en las decisiones para adjudicar los contratos investigados a empresas de la Gürtel.

Murió por coronavirus el pasado 13 de abril y la Audiencia ya archivó la causa para él, donde la Fiscalía le pedía 11 años de cárcel, al haberse extinguido su responsabilidad penal.

El tribunal retomará el martes el juicio en la sede de San Fernando de Henares (Madrid) en una jornada en la que previsiblemente declararán varios acusados que aún no han dado su versión a la Sala.

El juicio comenzó el 9 de marzo, en la misma semana en la que se acabó decretando el confinamiento. En aquella jornada, trece acusados, incluido García Jimeno, llegaron a un acuerdo con la Fiscalía para confesar los hechos a cambio de una rebaja de penas.

También se comprometió a colaborar con la Justicia el supuesto número 3 de la Gürtel, Álvaro Pérez, "el Bigotes", para quien la Fiscalía pide 37 años; no así el considerado líder de la red, Francisco Correa, que se enfrenta a 38 años, ni su número 2, Pablo Crespo (37). Los tres cumplen condena por otras piezas.

Las fiscales estiman que los acusados consiguieron que fueran adjudicados al grupo de Correa contratos para la instalación en las calles de Valencia de pantallas y sonido por 7.493.600 euros y que se hiciera cargo del gasto la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con unos sobrecostes que les aseguraban repartirse beneficios.

Sospechan que se repartieron supuestamente 3.387.197 euros de dinero público entre Pedro García Gimeno, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y el también acusado José Ramón Blanco Balín, que llevaba la contabilidad y la fiscalidad de Orange Market, la empresa de la trama en Valencia.