La auditoría confirma que los pagos a la abogada de Divalterra corresponden a los trabajos realizados por el 'caso Taula'

La auditoría externa encargada por Divalterra ha confirmado que los pagos realizados a la abogada encargada de la personación de la empresa de la Diputación de Valencia en el Caso Taula, “corresponden” con los servicios prestados y cumplen con la normativa de contratación administrativa. La auditoría, encargada a la consultora RSM Spain ante las dudas que se habían originado respecto a si los pagos correspondían a la tarea hecha, constatan que los trabajos abonados por Divalterra se ajustan a la tarea realizada por la letrada en los tres frentes judiciales en que representa a la empresa.

La auditoría, analizada este miércoles durante la reunión entre el presidente y la vicepresidenta de la Diputación, repasa los tres contratos que Divalterra mantiene con la abogada Emma Ramón. Dos de ellos corresponden a acusaciones ante el juzgado de instrucción número 9 de Valencia contra el anterior director-gerente Marcos Benavent, y en el juzgado número 6 de Valencia, a resultas de una querella por estafa y falsedad documental contra un empresario. Por estos trabajos la abogada habría percibido hasta la fecha de hoy 7.632 euros y 12.402 euros, respectivamente.

En cuanto a la personación en el Caso Taula, la abogada Emma Ramón firmó un contrato de asesoramiento jurídico y asistencia letrada por importe de 60.000 euros por un año, que expira el próximo 4 de enero, después de un proceso de contratación en el cual su oferta fue la más ventajosa de las presentadas. Hasta la fecha de hoy, la letrada ha percibido 44.329,20 euros por la tarea previa realizada que ha conducido a la personación de la empresa como acusación particular en la causa que se sigue en el juzgado número 18 de Valencia contra el ex director gerente de Imelsa, Marcos Benavent.

Por otro lado, la vicepresidenta, Maria Josep Amigó, ha trasladado el malestar por el contenido de la auditoría interna expuesta en el último Consejo de Administración de Divalterra. En este informe se ponía de manifiesto una fragmentación de contratos de publicidad por parte de uno de los gerentes de la empresa pública, Víctor Sahuquillo. Esta fragmentación, aunque no vulnera la legalidad, sí que va en contra de los acuerdos del propio Consejo en cuanto al modelo de cogerencia pactado para Divalterra, puesto que uno de los gerentes realizó gastos que tendrían que haber requerido la firma de los dos gerentes. También ha trasladado a Presidencia la preocupación por las dietas acumuladas por este mismo gerente y por los conceptos que aparecen, por entender que no se ajustan a los criterios de austeridad que tienen que regir las actuaciones de los cargos públicos y de confianza de la institución.

Ante estos hechos, y atendiendo al compromiso ético que es consustancial con el gobierno de la Diputación, así como al Pacto del Botánico, el presidente, Jorge Rodríguez, ha asegurado que se trasladará a este gerente, al ser cargo de confianza de Presidencia, unas directivas claras para evitar que hechos así se puedan volver a repetir. Desde Presidencia y Vicepresidencia se ha coincidido en que el modelo de cogerencia se tiene que basar en la corresponsabilidad solidaria de los dos gerentes de la empresa pública, de forma que se avance en una gestión eficaz y transparente. De hecho, este modelo está permitiendo un grado de transparencia y de rendimiento de cuentas nunca conocido a la empresa pública de la Diputación. Tanto el presidente como la vicepresidenta están convencidos de que si se hubiera aplicado por los anteriores gestores no se hubiera llegado a la situación judicial en que se encuentra rodeada la empresa.

Tanto Jorge Rodríguez cómo Maria Josep Amigó se han mostrado “satisfechos” por el resultado de la auditoría externa que constata que tanto los contratos como los pagos a la abogada Emma Ramón se realizaron conforme a la legalidad y que se hayan disipado las dudas que habían surgido. En cuanto a las incidencias detectadas en la auditoría interna, han destacado la necesidad de corregir determinadas maneras de funcionar que van en contra del espíritu y de la letra del acuerdo de gobierno, a pesar de que están convencidos de que la tarea realizada hasta ahora en la empresa Divalterra acabará dando los frutos deseados.