La causa de la dana y el futuro de Mónica Oltra centran la atención del curso judicial

La instrucción de la causa judicial abierta sobre las consecuencias de la dana de octubre de 2024 y el futuro judicial -y también político- de la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra concentran el foco mediático del curso judicial que arranca este mes de septiembre en la Comunitat Valenciana.

Aunque el escenario judicial de la dana se desplaza de València a Catarroja, tras la rehabilitación de estos juzgados, la evolución de esta macrocausa seguirá centrada en determinar si hubo responsabilidades políticas, y de quiénes, entre los gestores de aquella emergencia.

De hecho, están previstas aunque no todavía señaladas más de medio centenar de declaraciones de personal de Emergencias y alcaldes de las zonas afectadas, además del máximo responsable de la CHJ, Miguel Polo, y el ex inspector jefe de bomberos José Miguel Basset.

Todo ello con el trasfondo de la apertura de diligencias informativas por parte del CGPJ a la jueza instructora, que ha sido objeto de multitud de ataques políticos y judiciales por el rumbo hacia el que dirige una investigación que, por el momento, ha sido avalado por instancias superiores como la Audiencia Provincial

El pasado mes de junio, el Juzgado de Instrucción número 15 de València rechazó de nuevo, siguiendo el criterio de la Fiscalía, abrir juicio a la ex vicepresidenta de la Generalitat por el supuesto encubrimiento de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido.

El juez ya adoptó esa misma decisión en abril de 2024 tras una larga instrucción, pero la Audiencia Provincial de Valencia, le obligó a reabrir una causa que parecía ya a abocada a juicio.

La defensa de la menor que fue víctima de aquellos abusos recurrió este segundo intento del juez instructor de archivar la causa. En opinión de los letrados que la representan, entre ellos dirigentes de formaciones de ultraderecha, hay indicios "que apuntan todos en una misma dirección y permiten una inferencia lógica: primero se ocultó el delito y cuando salió a la luz se quiso desactivar".

En las próximas semanas la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia deberá decidir si, en contra del criterio del instructor y de la Fiscalía, sigue considerando que no puede "descartarse claramente la comisión de infracción penal", como sostuvo el pasado mes de mayo.

También se encuentra en el paso previo a la apertura de juicio oral la causa abierta en Instrucción 4 de Valencia contra Francis Puig, el hermano del expresident Ximo Puig, y el empresario castellonense Joan Enric Adell Bover por el supuesto fraude en las ayudas a la promoción del valenciano.

El segundo ha presentado recientemente un recurso al auto de procesamiento y Francis Puig tiene previsto hacerlo en los primeros días de septiembre, según informó recientemente a EFE su representante legal, de modo que de nuevo la Audiencia Provincial deberá decidir si la causa sigue adelante y ambos empresarios de la comunicación del norte de Castellón se sientan en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía y la Abogacía de la Generalitat han presentado ya sus escritos de acusación en los que reclaman penas de entre 3 y 4 años de prisión para ambos.

El sobrino de Rafael Blasco

El 16 de septiembre está previsto el inicio del juicio contra Sergio Blasco, sobrino del exconseller Rafael Blasco y ex director del Hospital General de Valencia, que se enfrenta a una petición de condena por parte de Anticorrupción de 20 años de prisión y una multa de 14 millones de euros por malversación, fraude, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

El origen de esta causa está en una denuncia presentada por Izquierda Unida en 2014 en la que se destapó una trama de adjudicaciones de contratos públicos en el sector sanitario supuestamente a cambio de comisiones millonarias que habrían permitido al principal acusado, y a varios de sus familiares, disfrutar de viviendas de lujo, vehículos y viajes durante años.

Otra de las posibles noticias del próximo curso judicial podría estar relacionada con el expresident de la Generalitat y exministro del PP Eduardo Zaplana, que recurrió el pasado mes de marzo ante el Tribunal Supremo la condena de 10 años y 5 meses que le impuso la Audiencia Provincial de Valencia por delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y blanqueo.

Zaplana, de 69 años, se encuentra actualmente en libertad provisional con medidas cautelares -obligación de comparecer periódicamente en el juzgado- tras rechazar la Audiencia la petición de la Fiscalía Anticorrupción de que ingresara en prisión.

Azud, los tuits de Cecicia Herrero (vox) y los contratos de Badenas (vox)

También sigue viva la instrucción del caso Azud, una causa que no ha dejado de ganar en complejidad desde su inicio en abril de 2019.

Pronto se cumplirá un año del levantamiento del secreto de sumario, que ha permitido conocer nuevas acusaciones contra dos de las personas más cercanas a Rita Barberá: su vicealcalde, Alfonso Grau, y su cuñado, José Corbín, aunque todavía se siguen incorporando informes a la causa y solicitando nuevas diligencias de investigación.

Además, la Audiencia de Valencia tiene pendiente resolver el recurso presentado por la edil de Vox en el Consistorio de València Cecilia Herrero contra el auto que ordenaba su procesamiento por publicar decenas de tuits denunciados por un supuesto delito de odio.

También se encuentran bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción las denuncias presentadas por el PSPV y Compromís por diversos contratos suscritos por el concejal de Vox y ex teniente de alcalde en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas.

Caso Imelsa

Por otra parte, en enero de 2026 se juzgará una de las piezas separadas del caso Imelsa, la E, por contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València cuando dirigía este departamento María José Alcón, fallecida en 2018 y que era pareja del entonces vicealcalde con Rita Barberá, Alfonso Grau.

Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de València como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad, y en la vigésima séptima edición de la edición del festival de cine Mostra de València.

Los investigados son el que fuera empleado de la Fundación Jaume II el Just hasta su nombramiento como gerente de la empresa pública Imelsa Marcos Benavent, el autodenominado "yonqui del dinero"; el exgerente de esa fundación y exmarido de Alcón, Vicente Burgos, y cuatro representantes legales y/o apoderados de diferentes empresas adjudicatarias.

En la Audiencia Provincial de Alicante, la repetición del juicio por el crimen de la viuda del expresidente de la CAM, ordenado por el Tribunal Supremo, deberá esperar a que el Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado por el procesado y yerno de la asesinada, que fue absuelto por un tribunal popular.

Y en Castellón, está pendiente de señalamiento un nuevo juicio contra el expresidente de la Diputación de esta provincia Carlos Fabra y otros nueve acusados, entre ellos el presidente del Villarreal y del grupo Pamesa, Fernando Roig, por el origen y la posible ocultación del patrimonio del exdirigente del PP.

El origen de esta investigación se remonta 5 años atrás, cuando supuestamente Fabra maniobró para ocultar parte de su patrimonio tras ser condenado a 4 años de prisión y al pago de 1,3 millones de euros por varios delitos fiscales.