El presidente de la CEV, Salvador Navarr. EFE/Manuel Bruque/Archivo
La CEV ha pedido redoblar los esfuerzos para impedir que se destruya más tejido productivo y empleo en la Comunitat Valenciana, donde la crisis ha puesto de manifiesto muchas debilidades de su estructura productiva y del tejido empresarial y en la que las previsiones apuntan a una caída del PIB del 12 % este año.
La economía de la Comunitat, al igual que el resto, acusó durante el primer semestre del año un desplome en el conjunto de su actividad, con un impacto mayor en el periodo abril-junio, con un desplome de más del 25 % en tasa anual, según recoge el informe de coyuntura y perspectivas económicas de septiembre de la CEV.
La especialización productiva -con un mayor peso del turismo, la hostelería, la construcción y ramas manufactureras de bienes de consumo-, el mayor grado de apertura al exterior (en bienes y en turismo), y una mayor intensidad de autónomos y microempresas en algunas de las ramas del sector servicios, han provocado que el impacto de los "shocks" de oferta y demanda provocados por la pandemia de la COVID-19 haya sido "más severo" que en otras regiones y en el conjunto de la economía nacional, indica la patronal.
La actual crisis ha puesto de relieve la fuerte interdependencia que existe entre los agregados macroeconómicos, los agentes económicos y los sectores productivos dentro del sistema valenciano que, además, está abierto al exterior.
También se han puesto de manifiesto muchas de las debilidades de la estructura productiva y del tejido empresarial, así como el hecho de que la incertidumbre retrasa toda iniciativa o proyecto prescindible en el corto plazo, añade la patronal de la Comunitat Valenciana.
Las previsiones contemplan un escenario central para la economía de la Comunitat con una caída del PIB en torno al 12 % en 2020, y una recuperación en torno al 8 % para 2021.
La CEV aboga por la prórroga de los ERTE en todos los sectores, como así lo contempla el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo, y la ampliación del periodo de carencia de los préstamos ICO de 1 a 2 años y el periodo total de los préstamos de 5 a 7 años.
Considera que las previsiones que sustentaron los calendarios para los préstamos ICO han quedado desfasadas, y el desplome de la actividad y el retraso de la recuperación siguen mermando la tesorería de empresas y autónomos.
Además, los nuevos presupuestos públicos no deben incluir un aumento de la presión fiscal sino una política fiscal que apoye a los agentes económicos y que incentive la productividad y la competitividad, según defiende.
La CEV reclama "criterio y agilidad" en la ejecución del plan Next Generation de la UE ya que será "un gran apoyo" para la recuperación y la modernización de la economía, y por ello ve imprescindible modificar la Ley de Contratos del Estado, con el fin de adecuar sus plazos a los requisitos en la gestión de los fondos europeos.
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