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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA

La comisión de expertos cree que La propuesta de población ajustada presentada por el gobierno no soluciona la infrafinanciación en la Comunitat Valenciana

El informe de la comisión será la base de las alegaciones que presentará la Comunitat Valenciana al proyecto de financiación autonómica

EFE - 26/01/2022

El president de la Generalitat, Ximo Puig, reunido con la Plataforma por una Financiación Justa, integrada por partidos políticos, sindicatos y patronal, esta mañana en València. /EFE

La propuesta de cálculo de la población ajustada elaborada por el Ministerio de Hacienda para el nuevo sistema de financiación autonómica "no garantiza la solución de los problemas de infrafinanciación" de la Comunitat Valenciana si la nivelación de los recursos no se basa "en criterios bien fundados".

Así lo recoge el informe elaborado por la comisión de expertos sobre financiación autonómica nombrada por Les Corts Valencianes, que concluye que, con algunos de los indicadores que se contemplan "con escaso fundamento" en la propuesta del Ministerio, podría mantenerse una financiación por habitante "alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas".

El informe, cuyo contenido se ha dado a conocer este miércoles a la comisión mixta Consell-Corts y a la Plataforma pel finançament just y que constituirá las alegaciones que la Generalitat remitirá al Ministerio antes de acabar el mes, da la bienvenida al informe del Ministerio, porque abre el debate sobre la reforma del modelo.

No obstante, considera que la propuesta de revisión de la población ajustada planteada "no constituye una alternativa bien fundamentada" del indicador de necesidad para determinar la financiación autonómica de las comunidades de régimen común en su ámbito competencial.

Para argumentarlo, los expertos aportan tres razones, la primera de las cuales es que la revisión del cálculo de la población ajustada del Ministerio es "técnicamente poco satisfactoria", sobre todo en lo que se refiere al papel de las variables no poblacionales y el peso de las mismas en la distribución de los recursos.

En segundo lugar, señalan que el documento no concreta la propuesta de población ajustada, sino que abre "un abanico de alternativas sin ofrecer un adecuado fundamento técnico que justifique los rangos que se proponen", de los que podrían derivarse criterios de reparto por habitante "tan desiguales" como los actuales, "hasta el punto de replicar el actual statu quo".

En tercer lugar, alertan de que el texto del Ministerio no precisa si en el nuevo sistema de financiación habría también otros fondos que no se distribuyeran en base a la población ajustada, como sucede actualmente con los que acompañan al Fondo de Garantía y que "tanta importancia tienen en las diferencias de financiación existentes".

Los expertos valencianos exponen asimismo que las correcciones de un criterio simple de población para estimar mejor dichas necesidades mediante ajustes basados en la estructura demográfica o en variables geográficas o de otra naturaleza deben estar "bien fundamentadas para ser aceptables", y el Ministerio "no ofrece dicho fundamento".

Por ello, alertan de que si las diferencias de financiación por habitante derivadas de un cálculo de la población ajustada "no están rigurosamente justificadas, la igualdad de recursos por habitante ajustado no constituirá un verdadero criterio de equidad".

Insisten en que las diferencias en financiación por habitante ajustado "no son aceptables, pero tampoco lo son las diferencias de financiación por habitante que no estén bien justificadas", e indican que el Ministerio "discute el indicador de población ajustada, pero no ofrece garantías de la eliminación" en el nuevo modelo de los fondos que "provocan el mayor alejamiento de la media de la Comunitat".

A su juicio, los menores recursos por habitante de la Comunitat se derivan de unos "discutibles criterios" de cálculo de la población ajustada que utiliza el actual Fondo de Garantía, y sobre todo "de la discriminación" sufrida en el reparto del resto de fondos, que no se basan en indicadores de necesidad, por lo que hay que eliminarlos.

"Si esos fondos se eliminaran y todos los recursos se distribuyeran en base a la población ajustada sería posible poner remedio a la inequidad actual", sostienen los expertos, para quienes con algunos de los criterios de cálculo de las necesidades que contempla el Ministerio los problemas de infrafinanciación por habitante de la Comunitat "podrían quedar de nuevo sin solución".

"Se contemplan indicadores de necesidad injustificados que sirven para reproducir el statu quo y generar una distribución de recursos por habitante similar a la actual", manifiestan.

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