La comisión de investigación sobre Imelsa solicita las primeras comparecencias

Comisión sobre contratación de Imelsa. FOTO: DIVAL

La comisión especial informativa sobre Imelsa ha solicitado durante la reunión celebrada esta mañana las primeras comparecencias en calidad de testimonios que puedan aportar datos para la investigación de la contratación de la empresa pública de la Diputación de Valencia, según ha informado el presidente de la comisión, Emili Altur.

El primero en comparecer será el actual gerente de Imelsa, Rafael Soler, y también serán citados el presidente Alfonso Rus, el diputado Rafael Pérez, el ex gerente Marcos Benavent, los responsables de los departamentos financiero y de recursos humanos de Imelsa, Mariano López Sancho y los representantes legales de empresas que facturaban a Berceo Mantenimientos.

Previamente a la reunión de la comisión, se ha celebrado una Junta de Gobierno que ha acordado por unanimidad que la Diputación se personará como institución en la querella presentada el pasado 4 de marzo por el actual gerente de Imelsa contra Marcos Benavent por la comisión de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, apropiación indebida y descubrimiento de secretos y por la cual se encuentra imputado por el juez.

El presidente de la comisión y diputado de Compromís, Emili Altur, ha señalado que “como presidente de la comisión, he propuesto que se hagan públicos todos los debates que la compongan, pero el secretario nos ha informado de que por la normativa municipal estas reuniones están sometidas a un régimen de privacidad que impiden la publicación de todos sus contenidos”.

En este sentido, Altur ha recordado que “el cometido de la comisión es averiguar si desde Imelsa ha habido contrataciones ilegales, a quién se habría beneficiado en caso de que así haya sido y si existía una trama organizada detrás”.

La diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo ha indicado que “con la información que ahora se ha facilitado, y que el grupo Esquerra Unida venía solicitando desde hace más de un año, se confirman las sospechas sobre algunas empresas que habían facturado a Berceo y que pensábamos que también habían tenido relación comercial con Imelsa, como es el caso de Forval y Carsan”.

La diputada de EU ha anunciado que remitirán esta documentación a la Fiscalía porque “era la única información que faltaba para completar el esquema que publicamos desde el primer momento sobre la presunta trama”.

El portavoz del PSPV-PSOE, José Manuel Orengo, ha declarado que su grupo ha “solicitado la convocatoria de un pleno extraordinario para aclarar la situación de Alfonso Rus, porque a nuestro entender, o es un presidente tránsfuga o su partido ha hecho un ejercicio de cinismo político”.

Asimismo, en cuanto a las comparecencias solicitadas, Orengo ha anunciado que “en caso de que alguna de las empresas citadas se niegue a comparecer, alegando que no están obligadas legalmente, el PSPV-PSOE emprenderá acciones judiciales, puesto que entendemos que ha habido una investigación interna que derivó en la querella presentada por el actual gerente de Imelsa, y por tanto hay indicios de irregularidades”.

Por su parte, el representante del grupo popular en la comisión, Juan José Medina, ha resaltado el hecho de que “la Diputación se persone en la querella que inicialmente había presentado el actual gerente de Imelsa, por el perjuicio que este asunto está haciendo a la corporación provincial como institución”.

Medina ha explicado que durante la reunión de la comisión ha hecho valer su voto ponderado para vetar la comparecencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, tal como se había solicitado “porque no tiene ninguna lógica citar a una persona que está al margen de esta situación y, en caso de que algún miembro de la comisión tenga alguna duda al respecto, lo que debe hacer es ponerlo en conocimiento del fiscal”.

La comisión de investigación sobre las contrataciones de Imelsa fue impulsada por consenso de todos los grupos políticos de la corporación provincial y cuenta con la participación del secretario de la Diputación, como secretario y asesor jurídico, y del interventor de la corporación, en calidad de asesor económico.