La Comunitat Valenciana no frena la subida de la pobreza infantil en los últimos dos años

La Comunitat Valenciana muestra unas elevadas tasas de pobreza infantil, pues en 2021 el 37,7 % de la infancia valenciana estaba en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE) y el 34,5 % vivía con ingresos inferiores al umbral de pobreza, y ambas tasas registraron uno de los más elevados crecimientos bianuales en España.

Así lo expone el informe presentado este martes por la Plataforma de Infancia con el análisis de la última Encuesta de Condiciones de Vida 2021 publicada por el INE, que indica que aunque las tasas de infancia con carencias materiales severas y que viven en hogares con baja intensidad de empleo en la Comunitat son menores a la media de España, han experimentado "subidas considerables" en la crisis y con relación al 2019.

Por ello, el informe señala que las políticas regionales no han logrado frenar el incremento de la pobreza infantil en los últimos dos años.

En España, los menores son el colectivo con mayor riesgo de pobreza en España, ya que alcanza al 33 % (el 27,6 % en la población general), afectando especialmente a los que tienen entre 11 y 17 años y a los que viven en hogares de un solo progenitor.

Casi la mitad de los niños y adolescentes en España vivía en 2021 en hogares con dificultades de distinto grado para llegar a fin de mes (el 49,1 %) y uno de cada cuatro, en familias con muchas dificultades (25,8 %).

El informe detecta un incremento de los hogares con hijos con importantes carencias materiales y en general, un empeoramiento de los indicadores de pobreza en España tras la covid-19.

España es el segundo país de la Unión Europea con una mayor tasa de menores en riesgo de pobreza o exclusión social, sólo por debajo de Rumanía. "Hay más pobreza y ha crecido a un ritmo superior a la media de la UE en los últimos años", ha explicado el autor de la investigación, Joffre López.

El 28,9 % de los niños vivía en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza (menos de 20.023 euros anuales para toda la familia) y el 14,9 % con ingresos bajo el umbral de pobreza severa (con menos de 281 euros al mes para el caso de una familia con dos adultos y dos niños dependientes).

Los hogares con menores dependientes y especialmente las familias monoparentales son los hogares más vulnerables, seguidos de los formados por familias numerosas con más miembros.

Aunque son los niños de menos de 7 años los que más sufren la pobreza material severa, los que tienen entre 11 a 17 años presentan un mayor porcentaje de riesgo de pobreza y exclusión social. El 34,6 % de la población española de esa horquilla de edad se encuentra en situación de pobreza.

El 28,9 % vivía en situación de pobreza monetaria, lo que supone 7,2 puntos porcentuales más que la media de la población (21,7 %).

Los adolescentes extranjeros son los más vulnerables y las que más han acusado la crisis de la pandemia. Por ejemplo, la tasa de riego de pobreza o exclusión social entre los jóvenes de más de 16 años de nacionalidad española era del 21,7 %, entre el colectivo de personas de nacionalidad extranjera alcanza al 40,3 % de los provenientes de la UE y al 66,1 % del resto del mundo.

El estudio detecta el aumento de menores con privaciones materiales: el 19,3 % de los menores de 18 años tenían carencia material y el 8,9 % carencia material severa.

Las privaciones más recurrentes de las familias con menores son no poder hacer frente a imprevistos, no poder sufragar el ocio familiar, tener retrasos de pagos de hipoteca, renta o suministros y en casos más extremos con riesgo de desahucio, pobreza energética, brecha digital o alimentación precaria.

En 2021, el 17,7 % de los menores crecían en hogares con retrasos en los pagos relacionados con la vivienda (alquiler, recibos de gas..) 7,1 puntos porcentuales más que antes de la pandemia, y el 13,1 % en familias que no puede mantener la vivienda a una temperatura adecuada, 4,6 puntos porcentuales más que en 2019.

Andalucía, Extremadura y Murcia -con tasas cercanas al 40 %- son las comunidades autónomas con mayores tasas de riesgo de pobreza y exclusión social en la infancia, muy por encima de la media de España.

En Ceuta, Melilla e Islas Canarias la infancia es especialmente vulnerable; también en comunidades como las dos Castillas la ruralidad y la baja densidad de población suponen retos para la infancia en riesgo de pobreza, explica el informe.

Son las comunidades del norte las que tienen mejores datos en cuanto a la incidencia de la pobreza infantil, sobre todo Navarra, País Vasco, Cantabria y Aragón. No obstante, en el País Vasco el crecimiento de la población infantil en riesgo de pobreza y con ingresos en el hogar por debajo del umbral de la pobreza ha aumentado por encima de la media de España en los últimos dos años.

Los menores de familias en desventaja socioeconómica presentan mayores tasas de absentismo escolar y mayor probabilidad de abandono escolar prematuro. Así, les afectó al 44,1 % de los estudiantes de primaria y secundaria, la mayoría de hogares con rentas bajas.

También existe una relación entre un estado de salud más precario en la infancia y el riesgo de pobreza.

Aunque la atención sanitaria es gratuita para todos, algunos de los menores que viven en familias con un solo progenitor, en familias numerosas o de rentas más bajas presentan peor estado de salud y una asistencia sanitaria menor, sobre todo a servicios no plenamente cubiertos.

"El 70 % de las familias en esta situación no pudieron llevar a sus hijos al dentista", ha explicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

Una ayuda universal a la crianza y reforzar el apoyo a la crianza para prevenir futuras situaciones de riesgo, son algunas de las propuestas de la Plataforma de Infancia.

"Pedimos más ambición a la ley de familias para que sea universal la ayuda a la crianza que incluye hasta los tres años y se extienda al menos hasta los 6 años", ha reclamado Ibarra, quien ha estimado que con una prestación de 100 euros al mes hasta los 18 años se reduciría la pobreza monetaria 8 puntos, sobre todo la severa.

La plataforma urge a incrementar la inversión actual del 1,3 % del PIB en protección de la infancia y de las familias hacia el 2,4 % de la media UE.

También, mejorar el acceso a las ayudas como el Complemento de Infancia y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y fomentar la cobertura de servicios básicos como el comedor escolar, plazas públicas de 0 a 3 años o cobertura de salud visual o bucodental para todos los niños.

"Las medidas protectoras del Estado han suavizado el golpe de la crisis por la pandemia, pero seguimos teniendo un problema estructural", ha concluido el responsable de la Plataforma.