La
delegada de Policía Local del Ayuntamiento de Sagunto, Roser Maestro, de Esquerra Unida (EU) ha
ordenado por escrito a la Policía Local que no participe en ningún desahucio de
viviendas. La delegada ha tomado
esta determinación en cumplimiento del acuerdo plenario que declaraba a Sagunto
como ciudad contraria a los desalojos de viviendas familiares.
La
delegada de Policía Local ha explicado que “tras aprobar el pleno que Sagunto
sea una ciudad libre de desahucios, uno de los requisitos que se solicitaba es
que la actuación de la Policía Local no tuviera nada que ver con la ejecución
forzosa que suponía despojar a la persona de la vivienda. A pesar de que el
anterior concejal de Policía Local ya había dado la orden verbalmente, para una
mayor garantía tanto para los trabajadores de la Policía Local como para las
personas que van a ser despojadas de su vivienda, se ha pasado por parte de
esta concejalía y por parte del Equipo de Gobierno, una orden expresa y
escrita, para que la Policía Local no participe en ningún desahucio a partir de
ahora”.
Roser
Maestro ha añadido que “únicamente estamos dando cumplimiento a la
iniciativa popular propuesta por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca
(PAH). Es una iniciativa de la PAH que ha asumido el Equipo de Gobierno para
dar garantías a ambas partes. No es una novedad, porque no estaban
interviniendo, pero sí que es dar una garantía y seguridad tanto a un nivel
como a otro y esperemos que este cumplimiento se pueda hacer efectivo a muchos
más municipios. Es un logro de la PAH y un reconocimiento a su trabajo”.
El
Pleno Extraordinario celebrado el pasado 16 de julio, aprobó por unanimidad la
propuesta de la PAH que declaraba a Sagunto ciudad contraria a los desalojos de
viviendas familiares habituales o de primera residencia.
Según el texto
aprobado, la finalidad de declarar Sagunto ciudad contraria a los desalojos
de viviendas familiares habituales o de primera residencia, es evitar la vulnerabilidad de las familias afectadas por procesos de
desalojo de sus viviendas habituales a raíz de la crisis. Igualmente, el pleno
aprobó un protocolo de actuación, con quince medidas concretas, para hacer
frente a situaciones en las que se desaloje a familias de su vivienda habitual por
motivos económicos. Este protocolo también estaba incluido en la propuesta de
la PAH y ha sido avalado, mediante iniciativa popular, por 6.560 firmas de
ciudadanos del municipio de Sagunto.
Entre las medidas,
que se aprobaron, se encuentra la solicitud al gobierno del Estado para que, mediante
un decreto ley dictado con carácter de urgencia, deje en suspenso y ordene
revisar todos los desalojos en ejecución derivados de la ley hipotecaria.
También se pretende solicitar a las entidades financieras la suspensión de los
expedientes de desalojo y la paralización de los procesos en curso para buscar
soluciones alternativas con la intermediación del Ayuntamiento de Sagunto si
fuera necesario; la constitución de un grupo de Trabajo Social Anti-desahucios
o la negociación con las entidades financieras para llegar a un acuerdo para
ofrecer las viviendas vacías en alquiler social asequible, entre otras.
Sin embargo, se descartó
llevar al pleno la propuesta por
la que el consistorio dejaría de trabajar con las entidades que ejecuten los desahucios
y que también había demandado en principio la PAH. Este apartado fue retirado
de la batería de acuerdos debido a su incompatibilidad legal, según informe de
la Secretaría General del consistorio.
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